barcelona. La liberación de los cooperantes catalanes ha abierto el debate sobre las caravanas solidarias ante la amenaza de posibles nuevos secuestros. Entre los partidarios a su prohibición en las zonas de riesgo se ha revelado el presidente catalán, José Montilla, quien ayer manifestó que "tenemos que continuar haciendo solidaridad, pero habrá que replantearse los mecanismos".

Así se declaraba partidario de la propuesta que la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, promulgó el pasado martes en la que expuso que en aras de garantizar la seguridad de los cooperantes España mantenga su cooperación con países del Sahel, pero algunas actividades, como las caravanas solidarias, se dejen de realizar ante "la amenaza de secuestro de occidentales". Una situación que Rodríguez señaló que la podría solventar Cooperación Española que pondría a disposición de las ONG la infraestructura y el apoyo necesarios.

medidas "costosas" También el portavoz de Trabajo e Inmigración de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, declaró ayer que "las caravanas de la solidaridad no son un buen modelo", al tiempo que insistió en buscar otras fórmulas "menos costosas y arriesgadas" de cooperación. El diputado de CIU señaló que "no hace falta ninguna caravana" ya que "ninguna de las grandes organizaciones internacionales humanitarias" opta por este tipo de planteamiento.

Campuzano expresó sus dudas sobre una regulación estatal que protegiera la seguridad de los cooperantes. "El planteamiento humanitario de la ayuda de emergencia y de la cooperación para el desarrollo implica riesgos de todo tipo -sostiene-, y tiene que ser responsabilidad de las organizaciones el decidir asumir los mismos", dijo. "Una regulación estatal de la materia pondría bajo interés gubernamental aquello que es un compromiso ciudadano con el padecimiento de otras personas", concluyó.

Mientras que el presidente de la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo (FCONGD), Francesc Mateu, manifestó ayer que las caravanas humanitarias que transportan material a países del Sahel, como las que organiza Barcelona Acció Solidària, "no son útiles" para contribuir al desarrollo de la zona. Mateu destacó que el trabajo sobre el terreno es el método de cooperación en la zona, y abogó por restringir el envío de material a situaciones de emergencia humanitaria.

La implicada, la ONG Barcelona Acció Solidària (BAS) aseguraba ayer que estaría dispuesta a dejar de organizar la Caravana si el Gobierno se ocupara de las entregas de material que ellos han realizado hasta ahora y la Secretaría de Estado de Cooperación facilitara un acuerdo con los países receptores.

Por último, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que explique las circunstancias que rodearon la liberación de los cooperantes.