después de 21 meses de trámites y varios borradores, el Gobierno foral aprobó ayer el decreto que establece los derechos y deberes del alumnado. Un texto que ha logrado el consenso de la práctica totalidad de la comunidad educativa (familias, centros y sindicatos), tal y como se puso de manifiesto en las sesiones celebradas en los últimos meses en el Consejo Escolar de Navarra y en la Mesa de Padres y Madres. Tan sólo el colectivo Sortzen-Ikasbatuaz mostró una vez más su rechazo "de plano" al decreto por su "claro sesgo ideológico".
La normativa, que refuerza la autoridad del docente, diferencia las conductas contrarias a la convivencia de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Para cada uno de estos grupos se aplican una serie de medidas, que después deberán ser concretadas en cada centro escolar. Así, por ejemplo, si un alumno injuria u ofende a un profesor (o a otro miembro de la comunidad educativa) podrá verse obligado a realizar tareas fuera del horario lectivo en beneficio de la comunidad escolar o bien podrá ser expulsado del centro durante un máximo de quince días. Ahora bien, como el decreto aboga por impulsar medidas educativas en detrimento de las punitivas, en el caso de que se materialice la expulsión "el alumno deberá seguir un plan de trabajo para evitar la interrupción de su proceso educativo y el profesor realizará un seguimiento". Precisamente el tema de la expulsión es una de las cuestiones que ha suscitado algún rechazo. El sindicato STEE-EILAS, por ejemplo, se ha mostrado siempre contrario a esta medida, ya que cree que "no soluciona nada". En su opinión, si a ese alumno le mandan a casa "no le hacen ningún control" por lo que abogan porque "si ha molestado en clase le expulsen de esa materia pero le dejen en una sala de profesores realizando tareas". La Federación de padres y madres Herrikoa abogan porque se aplique de manera excepcional y para casos extremos: "En la actualidad, hay muchos institutos que lo aplican con demasiada ligereza y para muchos alumnos es casi un premio que le expulsen del centro", afirmó su presidente Pedro Rascón.
Otras de las conductas que el decreto define como "gravemente perjudiciales para la convivencia" son la violencia física, la grabación de textos o imágenes, el deterioro grave de las instalaciones, el robo, el consumo de drogas o la reiteración de fumar tabaco, o la colocación de carteles o pintadas "que atenten contra derechos y libertades o supongan apología del terrorismo".
La participación de las familias en el proceso educativo es uno de los aspectos más novedosos del decreto.