vitoria. El Ejecutivo autonómico revisará los expedientes de alrededor de una decena de jóvenes que están cobrando la Renta Básica de Emancipación de 210 euros al mes que concede el Gobierno central. Con tal medida, la Administración vasca pretende comprobar si tienen derecho o no a seguir cobrando las ayudas al alquiler. Éstas entraron en vigor el 1 de enero del 2008 y están dirigidas a perceptores de entre 22 y 30 años, que pueden recibirlas durante un máximo de cuatro años.
Fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco explicaron ayer que el Ejecutivo central, que es el que concede este tipo de ayudas, les ha remitido alrededor de una decena de expedientes que, según sus datos, podrían haber superado el nivel máximo de ingresos para percibir la ayuda (22.000 euros brutos anuales) y no lo habrían comunicado. Por tal circunstancia, el Ejecutivo autonómico, según las mismas fuentes, va a solicitar a su homólogo central la documentación que acredita la variación de ingresos para estudiar caso por caso.
En este sentido, los portavoces consultados indicaron que se va a analizar si se ha producido alguna circunstancia excepcional que ha hecho elevar los ingresos anuales sin que haya existido voluntad de engañar a la Administración o si efectivamente hay jóvenes que han seguido cobrando la ayuda sin cumplir el requisito de los ingresos. En los casos en que las variaciones de renta se deban, por ejemplo, al cobro de un finiquito tras un despido, el Gobierno Vasco intentará que el Ejecutivo central tenga en cuenta esta circunstancia y no haga devolver a los jóvenes el dinero de la ayuda cobrada.
En cualquier caso, tal y como certificó el director de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, en una entrevista a una emisora pública, en caso de demostrarse irregularidades, el Ejecutivo iniciará a partir de septiembre el procedimiento de reintegro del dinero.
Información fiscal A nivel estatal, el Ministerio de Vivienda ha enviado un sms a 8.000 beneficiarios que podrían tener que devolver el dinero por superar los ingresos mínimos para que le fuera concedida la prestación. La orden llega desde el Ministerio de Vivienda, pero son las comunidades autómomas, según indicó Yoldi, las encargadas de gestionar el programa, por lo que los procedimientos de reintegro "tienen que ser puestos en marcha por cada Administración".
En el caso de la CAV, "no se ha iniciado ningún expediente de reintegro", sino que lo que se ha hecho es "pedir al Ministerio que envíe información fiscal de los casos afectados, para a partir de ahí, ponerse en contacto con las personas, hacer un trámite de audiencia y utilizar el sentido común para ver la resolución a practicar caso por caso".
