los ángeles. Un juez federal en San Francisco sentenció a favor de las bodas homosexuales en California al considerar que la legislación que las prohíbe atenta contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de EEUU.
En su esperado veredicto, el magistrado Vaughn Walker consideró que la Proposición 8, aprobada en referéndum en noviembre de 2008 en California y que reformó la Carta Magna del estado para definir matrimonio como un enlace entre un hombre y una mujer, no es compatible con los principios de igualdad y proceso legal.
"La Proposición 8 carece de base racional para negar la licencia de matrimonio específicamente a gays y lesbianas. De hecho, no hace otra cosa que consagrar la noción de que las parejas de sexo opuesto son superiores a las del mismo sexo", indicó Walker, quien en virtud de esa discriminación declaró esa normativa "inconstitucional".
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se mostró satisfecho con la resolución judicial porque confirmó "la completa protección legal y salvaguarda" que considera que "todo el mundo merece", una visión compartida por Geoff Kors, director ejecutivo de la institución Equality California.
"Estamos encantados con la decisión de hoy porque afirma que los derechos recogidos en nuestra Constitución son aplicables a todos", manifestó Kors.
La sentencia, no obstante, soliviantó a los más conservadores como constató el presidente de la organización Save California, Randy Thomasson, para quien supone "un golpe terrible". La decisión del juez Walker ha sido el último capítulo en una larga batalla legal entre defensores y detractores de las bodas entre personas del mismo sexo en California que se remonta hasta el año 2000, cuando un 61,3% de los electores aprobaron en las urnas la Proposición 22. Aquella iniciativa, muy similar a la Proposición 8, modificó el código civil del estado al restringir la definición de matrimonio a un enlace que se produce únicamente entre un hombre y una mujer.
La Proposición 22 fue recurrida por vía legislativa en dos ocasiones, aunque Schwazenegger vetó en última instancia los recursos al considerar que solamente los tribunales o los ciudadanos en referéndum tenían potestad para cambiar la norma. Todo apunta a que el caso terminará en manos de la Corte Suprema de EEUU, la última instancia judicial del país.
