la moraleja de la historia va por anticipado: mucho cuidado con lo que se firma. La letra pequeña de algunos documentos, e incluso en ocasiones la grande, puede ocultar condicionantes abusivos y conducir a situaciones extremas, como la recientemente vivida por un empresario de Vitoria. Al parecer, un abogado de la capital alavesa, persona a su entender digna de confianza, le prestó dinero y le hizo firmar un contrato, presuntamente de tipo crediticio, que finalmente resultó ser una compraventa de su empresa, valorada en torno a un millón, por la cantidad de 70.000 euros. Ahora, ha denunciado al letrado prestamista por considerarse víctima de una estafa. Más concretamente, le acusa de urdir una trama de usura bajo la apariencia de una compraventa. Algo que, sospecha, le ha podido ocurrir a más ciudadanos como él.

Los hechos tuvieron lugar a finales del año pasado, cuando este empresario se enfrentaba a un problema de tesorería. Necesitaba urgentemente una fuerte cantidad de dinero para hacer frente a una serie de necesidades contractuales y la situación se complicó con un problema de salud. Le había fallado un cobro por una cantidad superior con la que tenía previsto cubrir esta contingencia, necesitaba liquidez y recordó que en una ocasión anterior había tratado con un conocido letrado de Vitoria que le prestó dinero. El interés era muy alto, pero se le acababa el tiempo, debía ingresar en el hospital para ser intervenido quirúrgicamente y había que cerrar las operaciones a la mayor brevedad posible. En aquel primer contacto que ambos mantuvieron, el abogado le prestó 20.000 euros y le dio dos meses de plazo para devolverle el principal más 14.000 euros en concepto de intereses. Mucho dinero, pero las prisas, que siempre son malas consejeras, le hicieron coger el teléfono y marcar su número.

Según el empresario, a través de un intermediario, se puso en contacto con el citado abogado para solicitarle más de 35.000 euros. Una cantidad que había de devolver multiplicada por dos en el plazo de dos meses. Calculó que podía poner a la venta unas propiedades en ese tiempo, con lo cual no tendría problema en devolver el préstamo, así que dio luz verde al asunto. Se prepararon unos documentos que llegaron tarde y que se firmaron a toda prisa. Se realizaron los pagos y todo volvió a la normalidad...

Hasta que el cobro de las propiedades se torció. La supuesta víctima explica que faltaban 15 días para el vencimiento del plazo y el dinero no iba a llegar a tiempo. El empresario llamó al intermediario y le expuso la situación. Le preguntó cómo se podía solventar el contratiempo, le garantizó su voluntad de pagar y aguardó respuesta. El abogado, a través de su representante, se la comunicó al instante. Si los 70.000 euros no llegaban en el tiempo pactado, la deuda se elevaba inmediatamente a 200.000 euros.

El descontrol al que había llegado la historia hizo que al empresario le dieran mareos. Según su versión, el letrado se lo dejó claro: si no se efectuaba el pago, perdía su empresa, tal y como quedaba recogido en el documento. Apurado, revisó los papeles y descubrió que no había firmado un préstamo sino un contrato de compraventa por el cual cedía su negocio, que de acuerdo con la última tasación realizada vale en torno a un millón, a cambio de 70.000 euros.

Repuesto de la sorpresa inicial, decidió que presentaría batalla judicial y pelear en el mismo terreno legal en el que se había embarrado. Se dirigió a la Audiencia Provincial y denunció al letrado por un presunto caso de usura. Su estrategia explica que los papeles que firmó bajo la apariencia de una compraventa en realidad instrumentaban un negocio jurídico simulado que, presuntamente, encubre un préstamo usurario con pacto comisorio. En otras palabras y a juicio del empresario, un engaño en toda regla. Incluso se llegó a constituir una sociedad para atar todos los flecos y cerrar herméticamente el acuerdo. Ahora sólo falta que el magistrado decida.