GASTEIZ. Las jóvenes menores de veinte años que abortan en Euskadi son, en su mayoría, "inmaduras psicológicamente" y aducen como motivo del embarazo no deseado que no usan preservativos en sus relaciones sexuales porque "les resulta caro".
Estos datos se recogen en un informe, al que ha tenido acceso Efe, sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el País Vasco antes de la entrada en vigor de la nueva ley el pasado 5 de julio, realizado por el Departamento vasco de Sanidad a petición del Parlamento autonómico.
El informe se ha llevado a cabo a través de 34 entrevistas con profesionales sanitarios en los meses de diciembre de 2009 y de enero y febrero de este año.
Además, en él se contabilizan los abortos efectuados en el País Vasco en los últimos ejercicios, bajo la anterior ley que lo permitía el aborto en los casos de grave riesgo para la salud de la embarazada, cuando el embarazo era fruto de una violación, o cuando el feto podía nacer con problemas de salud importantes.
En el documento se recoge que en el 2008 se realizaron 2.996 abortos. El perfil de la mujer se corresponde con jóvenes de entre 20 y 29 años, activas laboralmente, con estudios de segundo grado o superiores y que no han interrumpido sus embarazos con anterioridad.
La tasa de abortos fue del 6,89 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, considerada por Osakidetza como media baja en comparación con la media estatal (11,78).
Del total, 320 fueron realizados a mujeres menores de veinte años, que acudieron, en general, con pocas semanas de gestación. Los profesionales que las atienden, según el informe, aseguran que muchas de ellas son "inmaduras psicológicamente.
Cuentan con información suficiente sobre el uso del preservativo, pero no lo es su formación para utilizarlo, y manifiestan que no lo adquieren porque "les resulta caro". Además, perciben que sus parejas tampoco se responsabilizan de la anticoncepción.
En cuanto al origen, el 39,5 por ciento del total de mujeres que abortaron en 2008 eran extranjeras, la mayor parte procedentes de Sudamérica. En general, no tienen pareja estable y tienen hijos en sus países de origen.
El informe asegura que las mujeres rumanas utilizan la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo, así como que el conocimiento de los recursos para evitar los embarazos no deseados y la formación en sexualidad es en el caso de la mayoría de mujeres extranjeras "muy deficiente".
Precisamente, la demanda de abortos por parte de este colectivo ha aumentado en los últimos años, mientras que el de las mujeres nacidas en el País Vasco ha disminuido.
La mayoría de los abortos se practicaron en el 2008, al igual que en años anteriores, en clínicas privadas, ya que sólo 189, de las 2.996 totales, se hicieron en hospitales de Osakidetza. Del total, 2.529 fueron financiadas por la mujer, sin aportación pública.
La causa de la intervención en los hospitales privados fue siempre el peligro para la salud física y psíquica de la embarazada, y en los públicos el motivo fue en el 97 por ciento de los casos la posibilidad de que el feto naciese con graves problemas.
Del total de peticiones de aborto en los centros públicos, sólo el 5 por ciento fueron rechazadas. Este dato contrasta con al alto número de mujeres que optaron por la sanidad privada.
Entre las causas de esta situación, el informe señala la escasa disponibilidad de centros sanitarios públicos, lo que suponía la existencia de listas de espera en algunos de ellos, así como que los trámites burocráticos en los casos que no cumplían estrictamente la ley "echaban para atrás a las mujeres".
En este sentido, el documento recuerda que se tata de un "momento muy delicado" en la vida de una mujer, que quiere solucionarlo "lo más rápidamente posible", por lo que prefieren "asumirlo económicamente porque no les compensa el papeleo".
Por contra, el acceso a los centros privados es directo, aunque en este caso, la barrera que surge en ocasiones es económica.
Tras la entrada de la nueva ley, en sus primeros quince días de vigencia, un total de 93 mujeres han optado por el aborto en el País Vasco.
De los 93 abortos, 49 han sido financiados por el Departamento de Sanidad y efectuados en las clínicas privadas concertadas para tal fin y 44 de forma privada.
Con la nueva ley, hasta la semana catorce de gestación las mujeres son derivadas por el Servicio Vasco de Salud a centros privados.
Las que quieran hacerlo entre la semana 14 y la 22 son atendidas en los hospitales públicos, mientras que a partir de la semana 22 es un comité científico quien decida en cada una de las situaciones.
