madrid. El Gobierno ha dado marcha atrás en la regulación del aborto de chicas de 16 y 17 años. El Decreto que desarrolla la nueva Ley del Aborto establece que las menores de edad, además de informar a sus padres, tendrán que ir acompañadas por su representante legal a la clínica donde vaya a practicarse el aborto.

Según recoge la Cadena Ser, el Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros recoge un cambio importante que ha sorprendido incluso a muchos dirigentes del PSOE. En su artículo 8 el Decreto obliga a las menores de edad a ir acompañadas por su representante legal a entregar al personal sanitario de la clínica de la documentación que acredita que al menos uno de los dos progenitores, padre o madre, ha sido informado de la decisión que ha tomado de interrumpir el embarazo.

Es decir, que las chicas de 16 y de 17 años tendrán finalmente que ir acompañadas por sus padres a la interrupción voluntaria del embarazo. Dicho requisito no figuraba en el proyecto del Real Decreto que el Gobierno le envió hace un par de meses a las Comunidades Autónomas y en el que se daba más libertad a las menores en su decisión personal para interrumpirlo.

Simplemente tenían que aportar al centro médico un documento que acreditase que han informado a sus padres de la decisión que iban a tomar y una copia de la identidad del informado.

El Ministerio de Igualdad justifica este cambio altamente significativo en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica del personal sanitario de la clínica, añadiendo que habían sido los médicos quienes se lo habían pedido y que también se lo recomendó el Consejo de Estado.

No existen otros cambios para los casos que resulten más excepcionales. Cuando la menor alegue conflicto familiar todo se mantiene prácticamente igual: no tendrá la obligación de informar a sus padres de su decisión de interrumpir el embarazo aunque el medico encargado de practicar el aborto tendrá la obligación de apreciar por escrito y con la firma de la mujer que esas alegaciones son fundadas pudiendo solicitar en su caso un informe psiquiátrico, psicológico o de un trabajador social que confirme la veracidad del documento.

Fuentes del Ministerio de Igualdad explicaban que este "pequeño cambio busca reforzar el texto y la seguridad jurídica del personal sanitario, haciendo caso así de las peticiones de este colectivo y siguiendo la recomendación del Consejo de Estado".

En cualquier caso, desde Igualdad se aclara que esta modificación está en línea con lo que se ha trabajado desde el principio en esta ley. El cambio afecta a la información que se ha de dar a los progenitores, pero no a su autorización. "La última palabra la tendrá siempre la mujer", aseguran desde el ministerio.