vitoria. La imputación por parte del Juzgado número 4 de Vitoria de personas vinculadas a la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi en relación con el caso De Miguel ha llevado al Gobierno Vasco a auditar los contratos efectuados desde 2006 por la SPRI, la Sociedad de Apoyo Integral a la Empresa, según anunció ayer en el Parlamento Vasco el lehendakari López.

El Departamento de Industria revisará todos los contratos firmados por esta sociedad por un importe superior a 50.000 euros en busca de irregularidades relacionadas con la supuesta trama corrupta que operaba desde el parque de Miñano. Así lo explicó López, que respondía a una pregunta del portavoz de Eusko Alkartasuna, Jesus Mari Larrazabal, quien mostró su preocupación por "lo que presuntamente de irregular, y quizá de ilegal, ha ocurrido en la dirección de la SPRI en relación a la compra de terrenos para la ampliación del Parque de Miñano".

El levantamiento del secreto de sumario del caso desveló que entre los imputados aparecen, entre otros, Julián Sánchez Alegría, ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos; Miren Lourdes Bilbao, directora técnica del Parque de Miñano; y Alfonso Arriola, ex director del mismo, porque presuntamente percibieron comisiones por la compraventa de terrenos en la zona.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo abrió una investigación sobre las irregularidades que pudieran haberse dado en el seno de la SPRI, unas pesquisas que ahora se completarán con la auditoría de los contratos firmados en los últimos cuatro años relacionados con Miñano.

El lehendakari afirmó que en cuanto se disponga de los resultados de la investigación se presentarán en el Parlamento Vasco.