Vitoria. El Gobierno Vasco movilizará los suelos que se encuentran estancados para impulsar la construcción de vivienda protegida. Éste es uno de los ejes principales del Pacto Social por la Vivienda, que a través de sus 87 acciones pretende cubrir las necesidades de residencia de 90.000 familias de Euskadi e incrementar el número de pisos promovidos en alquiler hasta lograr que en 2013 éstas representen el 40% del total y en 2025, el 50%. Asimismo, se pretende dar un impulso al arrendamiento con opción de compra, adecuar los precios máximos de Vivienda de Protección Oficial al coste real de construcción y poner en marcha un programa de cesión de moradas de personas mayores para introducirlas en el mercado de alquiler a cambio de pisos dotacionales adecuados a sus necesidades.

Este pacto - firmado ayer en Vitoria por el lehendakari, Patxi López, y el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, con otras setenta entidades sociales y económicas- es el primero de estas características en Euskadi. En él no participan ni la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), ni las tres diputaciones. No obstante, el Ejecutivo autonómico explicó que confía en que consistorios y entes forales puedan sumarse al acuerdo más adelante.

Los que sí han suscrito el pacto representan a constructores, promotores, colegios profesionales, consumidores, asociaciones vecinales, familias numerosas, madres y padres separados, cooperativas, entidades financieras, sociedades municipales y universidades, entre otras.

Todos ellos proponen en el documento consensuado introducir los cambios normativos necesarios para dotar a los ayuntamientos de capacidad de decisión a la hora de fijar porcentajes adecuados de VPO a cada actuación, dentro de los límites que se establezcan en la normativa. Otro de los ejes estratégicos principales del pacto se dirige a la rehabilitación y regeneración urbana. No en vano, en la actualidad existe en la CAV un parque edificado compuesto por más de 900.000 viviendas. De ellas, casi el 70% es anterior a 1980. Al respecto, el Ejecutivo se ha marcado un plazo de 15 años para mejorar y rehabilitar 250.000 viviendas.

Adecuación de los precios VPO Otra de las cuestiones que se plantea el acuerdo es la revisión de los cupos de los sorteos. Se estudiará primar "criterios de necesidad objetiva de vivienda" por encima de los de pertenencia a determinados grupos sociales, sin perjuicio de la excepcionalidad de establecer determinados tramos.

En cuanto a los precios de vivienda protegida, el nuevo modelo previsto permitirá aplicar precios diferenciados en la venta de esas unidades en función de los niveles de renta de los adquirientes.

Para obtener los recursos económicos que permitan cumplir estos objetivos se buscarán "sistemas novedosos", entre ellos la colaboración público-privada o "la venta de suelo a los dueños de pisos protegidos edificados en derecho de superficie", aclararon desde el Departamento de Vivienda. Así, entre las 87 acciones concretas que se definen en el pacto, se hace referencia a la necesidad de que las diputaciones colaboren para implantar medidas fiscales que favorezcan el alquiler y la rehabilitación.

Estos acuerdos, con vigencia para 15 años, se plasmarán en el Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010-2013 que el Ejecutivo vasco tiene previsto aprobar antes del verano, y en el Proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda que se enviará a la Cámara de Vitoria antes de que finalice el año. En un comunicado, el gabinete de Patxi López subrayó que, con esta firma, se sella un "intenso" proceso de participación y de debate con los agentes implicados, que comenzó en noviembre, para llegar a "consensos básicos" sobre las políticas a aplicar en materia de vivienda en los próximos años, y que tendrá continuidad tras la firma del pacto con el objetivo de que los compromisos adquiridos se vayan materializando.