GASTEIZ. El 58,5 por ciento de las sociedades gastronómicas vascas no admite a las mujeres como socias, según un informe de Defensoría para la Igualdad del Gobierno Vasco, que denuncia que esta situación es ilegal y perpetúa las redes de influencia de los hombres en estos ámbitos de gran valor social y cultural.
La Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha dado a conocer hoy su segundo informe extraordinario sobre "La relevancia e impacto social de las sociedades gastronómicas", entidades que, según recuerda, son "signo de identidad" de la cultura vasca y "protagonistas indiscutibles de la vida social y cultural del país".
Tras una encuesta telefónica realizada en 2008, la Defensoría revela que el 58,5 por ciento de las 323 sociedades consultadas excluyen a las mujeres como socias, fenómeno más acusado en Vizcaya, donde el 79 por ciento de las sociedades no admite a las mujeres, seguida de Álava (59,6%) y de Guipúzcoa (45,8%).
Este estudio también pone de relieve que la tendencia a no admitir mujeres es más frecuente en las sociedades ubicadas en capitales de provincia (71,1%) y ciudades de población media (69,8%), mientras que es menos acusada (42,8%) en pequeños municipios.
No obstante, califica de "alentadora" la evolución de la última década, ya que casi dos tercios de las sociedades creadas a partir de 1998 sí admiten a socias.
Los argumentos que utilizan estas entidades para impedir a acceso a las mujeres se sustentan en "la tradición como algo incuestionable".
En algunas de ellas, sus estatutos regulan que ser varón es condición necesaria para la admisión de un nuevo socio, mientras que en otras, ese requisito se aplica de manera indirecta porque se establece que para ingresar es necesario que la solicitud sea avalada por dos socios y aprobada por las juntas directivas y las asambleas generales.
La Defensoría entiende que en este segundo caso también se impide "de facto" la presencia de las mujeres porque otros socios no quieren avalar la solicitud de una mujer, bien por convicción propia, o "por temor a una ulterior expulsión de la sociedad como represalia por su apoyo a las mujeres".
El informe destaca que todas estas situaciones vulneran la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley vasca 4/2005 sobre este mismo ámbito, y "se podrían encuadrar en tipos previstos en el Código Penal", como así lo han recogido sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional.
La limitación a que participen mujeres en las sociedades "no es anecdótica ni carente de consecuencias", denuncia el estudio, ya que estos centros tienen un gran valor social, cultural y comunitario, y en ellos se perpetúan las redes de influencia y poder masculino y se mantiene alejadas a las mujeres de actos de relevancia social.
A la vista de estos datos, la Defensoría quiere desarrollar estrategias para avanzar en la igualdad de trato de mujeres y hombres en el tejido asociativo.
