Vitoria. Los 600 establecimientos hosteleros que faltan por insonorizar en Vitoria deben de forma obligatoria acometer esta reforma que asciende en torno a 150.000 euros. Así lo establece la nueva ordenanza municipal de ruido -relevo de la de 1986-, que se aprobará en verano con los votos de PSE y PNV. Si bien los jeltzales consiguieron dar más tiempo a los hosteleros aumentando el plazo en 15 años, así como subvenciones para que puedan permitirse la inversión, ayer el resto de formaciones explicaron que estas medidas no son suficientes.
EA calificó de "barbaridad" la obligatoriedad de someter a esta reforma a todos estos bares de barrio. "La carga que tienen que soportar está muy por encima de la que pueden asumir. Además no dan problemas porque cierran a las 22.00 horas", explicó ayer Antxon Belakortu, portavoz de esta formación. Respecto a la distancia que tiene que haber entre los locales de ocio nocturno -la actual es de 150 metros- , EA apuesta por dejarla en la mitad en lugar de los 50 metros que pretende el gobierno municipal. "Hay que pensar que rebajarlo tanto no tiene marcha atrás. Lo mejor es dejarla en 75 metros". Belakortu también aludió a la reforma que deben realizar los locales de alimentación de hasta 300 metros para que en su interior hagan las labores de carga y descarga, como un asunto que ha pasado desapercibido pero que abocaría al cierre de estos negocios. "Esta normativa va en contra del apoyo al pequeño comercio. Proponemos que sólo sean para los supermercados grandes, de 1.500 metros". Del mismo modo, EA exige que el plazo de 6 meses para la adecuación de las actividades industriales pase a ser de 18 meses.
Asimismo, el PP propone que no se obligue a insonorizar a los bares de barrio sin denuncias por ruidos. "Se trata de negocios familiares que cierran pronto y no pueden gastarse ese dinero en una reforma", declaró su portavoz Javier Maroto. En su lugar, los populares proponen que la reforma se aplique a los que ya cuentan con denuncias por ruidos y a los que transmiten la propiedad. Además, Maroto señaló que muchos de los bares están arrendados, por lo que no les sale rentable la inversión.
Por su parte, EB alegará que el plazo de la reforma se cambie a 10 años, "así da tiempo a realizar la reforma", informó su portavoz José Navas. EB también plantea que el ocio nocturno no se traslade a las afueras. "Las discotecas ubicadas en pabellones industriales conllevan inseguridad al estar en zonas de poca iluminación y con escaso transporte público, así como a que se desertice las zonas de ocio en la propia ciudad".
