vitoria. La ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Raquel Martínez, y su pareja han sido condenados a seis años de cárcel cada uno y al pago de indemnizaciones que suman cerca de 200.000 euros por un delito continuado de estafa agravada por haber engañado a 14 personas prometiéndoles la adquisición de viviendas. Esta antigua edil, que fue expulsada del PP en 2004, ya fue condenada anteriormente por la Audiencia Provincial de Álava por haber estafado presuntamente a dos mujeres a las que prometió facilitarles el acceso a una vivienda protegida a cambio de dinero, 12.000 euros en el caso de una y 18.000 la otra, aunque esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava dictó ayer este nuevo fallo en el que impone a Raquel Martínez y a su pareja, Bonifacio Covarrubias, sendas penas de seis años de cárcel, 5.400 euros de multa e indemnizaciones a doce perjudicados por un valor total de 195.000 euros. La sentencia considera probado que Martínez, tras abandonar su cargo de concejala, que ejerció entre 1999 y 2003, se trasladó a Madrid con su pareja, que era también su escolta personal, y ambos constituyeron la empresa de gestión inmobiliaria Gesbora.
Entre octubre de 2005 y noviembre de 2007, solicitaron dinero a diferentes personas "haciéndoles creer que harían gestiones para proporcionarles de forma preferente un piso de protección oficial, de precio tasado o un piso libre" en Vitoria, y "daban apariencia de confianza" a las operaciones por la condición de ex concejal de la mujer y por los contactos que decía tener en diversos organismos públicos. De este modo, se apropiaron de cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 38.000 euros, aunque la mayoría de las víctimas les entregaron 18.000 euros, siempre "a sabiendas de que no iban a realizar ninguna gestión" y de que "no tenían ninguna capacidad para proporcionar los inmuebles", destaca el fallo judicial. Los acusados redactaron incluso contratos privados de compraventa y dos víctimas recibieron el dinero entregado al sospechar de la ilicitud de esta operación.
La Sala califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada porque, guiados por el ánimo de lucro, los procesados utilizaron "el engaño" para hacerse con el dinero, en un acto de "especial gravedad" por el valor de la defraudación. Los perjudicados eran en su mayoría jóvenes que querían comprar una VPO como domicilio habitual.
