madrid. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que la nueva Ley Antitabaco será presentada formalmente al Parlamento en el mes de junio, aunque no precisó la fecha de su entrada en vigor, ya que el Ministerio "quiere esperar a que haya un mayor consenso entre grupos políticos y dejar pasar el momento de impacto psicológico de la crisis económica". En cualquier caso, la normativa que salga de las Cortes "no entrañará ninguna diferencia entre unos locales y otros, en todos los locales públicos cerrados no se fumará", no siendo así con los espacios abiertos y al aire libre, donde no se prohibirá su consumo "porque ahí no molesta", señaló.

Por otra parte, la ministra estima que el gasto realizado por los hosteleros para adaptar sus establecimientos de más de cien metros cuadrados a la normativa antitabaco de 2005, "ya ha sido más que amortizado", y por lo tanto, no recibirán compensación alguna si la nueva ley prohíbe el consumo de tabaco en todos los espacios públicos privados.

En declaraciones a RNE , la ministra subrayó que tales reformas, exigidas para separar los espacios para fumadores de los libres de humo, "fueron en cualquier caso voluntarias, porque la ley les permitía o bien hacer la reforma, o bien declarar el local libre de humo".

Alrededor de 4.000 establecimientos de hostelería en España realizaron reformas para adaptar sus espacios a la nueva normativa por un coste de entre 8.000 y 15.000 euros, una inversión que, según Jiménez, ya ha sido amortizada "en los 4 ó 5 años que lleva en vigor la norma".

Por su parte, la CEOE ha remitido una carta a la ministra en la que manifiesta la "inquietud y preocupación" generada en diversos sectores empresariales por la modificación de la Ley Antitabaco, "con una orientación muy restrictiva" que, en opinión de la patronal, incidirá "con grave impacto" en sectores como turismo, hostelería y ocio.

"En el actual momento de crisis económica, con pérdida de miles de empresas y destrucción de empleos, la modificación anunciada resultaría particularmente inoportuna, ya que podría agravar, todavía más, la precaria situación por la que están atravesando muchos sectores empresariales", advierte el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, en la misiva. A su juicio, la ley vigente "parece cumplir sus objetivos", aunque su periodo de vigencia pueda calificarse como "insuficiente a efectos de una rigurosa evaluación de sus resultados en disminución de la prevalencia del tabaquismo". En este sentido, considera "prematuro" el anuncio de una modificación de la normativa "en términos de prohibición absoluta de fumar en espacios públicos cerrados", una medida que equipararía a España con "los pocos países" de su entorno (Irlanda y Reino Unido) que han adoptado un planteamiento similar.