vitoria. Cuando un ciudadano anónimo se enfrenta a la Administración se siente como David luchando contra Goliat. Las dimensiones de la maquinaria legal de las instituciones asustan y pueden hacer desistir a más de un demandante, pero el poder de la razón es capaz de equilibrar la balanza y alienta al resto a seguir adelante hasta las últimas consecuencias.

Es el caso de Ángel López, enfrascado en una batalla contra el Ayuntamiento de Vitoria desde los tiempos en los que Alfonso Alonso era alcalde. Le expropiaron su casa para ampliar un polígono industrial y, al final, el solar fue empleado para construir un bloque de apartamentos tutelados. Indignado, clama justicia porque aprecia indicios de "prevaricación", pero asegura que el Ayuntamiento "se hace el loco".

Los problemas arrancaron bajo el mandato del PP y han proseguido durante el gobierno del PSE. Ángel quiere que el Consistorio le atienda e incluya en el orden del día de una sesión plenaria un punto en el que se investigue lo sucedido en los polígonos industriales, "con auditoría económica general, a fin de concretar los perjuicios causados a los ex propietarios de fincas". La última respuesta a dicha solicitud, firmada por Patxi Lazcoz, ha llegado en forma de Decreto de Alcaldía y argumenta que "no existe competencia municipal para la determinación de la existencia o inexistencia de daños y perjuicios" para tratar de soslayar el meollo de la cuestión. Este vecino ya ha recurrido la resolución del primer edil.

El origen de todo el problema se remonta a la época en la que el Ayuntamiento aprobó su plan para reparcelar el polígono de Oritiasolo. Ángel, que residía allí junto a su familia en una casa unifamiliar de dos plantas, se vio obligado a vender su hogar a precio de suelo industrial. "Me presionaron. Me dijeron que no me quedaba más remedio que vender y me dejaron en la calle como a un perro, con dos niños pequeños", recuerda. Asegura que le dieron "una miseria" por la expropiación. "Mucho menos de lo que me costó la casa", afirma.

Lo más chocante de todo es que, con el tiempo, el Ayuntamiento cambió de idea y el solar que ocupaba la vivienda, en lugar de albergar naves industriales acabó siendo testigo, por obra y arte de la política, de la construcción de un bloque de apartamentos tutelados. Todos contentos a excepción de Ángel, que sostiene que este "cambio" es "ilegal", por lo que exige que se depuren responsabilidades.

justicia Para que se haga justicia, confía en que el Pleno del Ayuntamiento de su ciudad apruebe una investigación sobre éste y otros casos similares vinculados a planes municipales en zonas industriales. Estas modificaciones de última hora -con licencia municipal-, lesionan los derechos de retorno, lo cual, a su entender, representa "una prevaricación de los responsables del gobierno local". Si el Consistorio acepta su requerimiento, los políticos debatirán sobre este asunto. Y si no, Ángel tiene claro que "lo llevará a los tribunales".