vitoria. Isidro Jiménez reside en Nanclares y está decidido a que todos los vecinos del municipio sean, como reza el dicho, iguales ante la Ley. Para ello, ha solicitado al Ayuntamiento que proceda al derribo de cinco instalaciones en fincas rústicas del municipio que, según denuncia, ni cuentan con licencia de actividad, ni con proyecto y que fueron, todas ellas, levantadas sin permiso de obras. Tejavanas, chozas y barracas que ocupan diversas áreas montañosas del pueblo y que, además de afear el paisaje, incumplen con todas las normativas urbanísticas y de Medio Ambiente. Jiménez inició su particular batalla contra estas estructuras en 2004 y aunque en los dos años siguientes logró que los juzgados ordenaran -en sentencia firme- la demolición del contenido de una de las parcelas y que el Ayuntamiento señalase el derribo forzoso de lo existente en las otras cuatro, aún sigue todo en pie. "No entiendo cómo puede suceder esto. La única explicación es que hay favoritismos. No se quiere entrar en conflictos con los vecinos porque en el pueblo somos 3.500 y cada voto cuenta", asegura.

El demandante dirige sus palabras contra el alcalde de la localidad, el socialista José Javier Martínez. Le echa en cara que, a pesar de la orden de los tribunales y de las resoluciones municipales no se haya derribado ni una sola de las casetas durante todos estos años. "Dice que todo lleva su proceso y que los expedientes avanzan despacio, pero lo cierto es que no se ha movido un dedo desde el Ayuntamiento para retirar las construcciones ilegales", censura.

Incluso asegura que desde el Consistorio se le llegó a decir que "creían que se había procedido al derribo de las estructuras que la sentencia firme ordena eliminar", pero no es así. "El Ayuntamiento no quiere actuar, pasa del tema", señala. E incluso va más allá al apuntar que "creemos que ni siquiera se les ha impuesto una sola multa a pesar de que todos los expedientes municipales confirman la ilegalidad de las chabolas".

En una de las parcelas pendientes de derribo forzoso ordenado por el Ayuntamiento se ha llegado a empadronar un vecino pese a que, con la Ley en la mano, resulta imposible hacerlo en una finca rústica. "Le han dado incluso dirección, calle Escubillo número uno. Vive en una caseta, con una fosa séptica y un pozo de agua, en un recinto que no cumple con ninguno de los requisitos de habitabilidad", lamenta. "Este año, el alcalde se ha hecho cazador. Qué casualidad, como todos los titulares de construcciones ilegales en estas parcelas", concluye Jiménez