La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala. La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Tal como ha subrayado, a lo largo de los procesos de creación y adjudicación de las plazas tanto de David Sánchez (coordinador de los conservatorios) como de Luis Carrero (jefe de actividades transfronterizas) no hubo alegaciones, advertencias ni recursos dirigidas a la presunta ilegalidad de los mismos. "Ni tan siquiera de otros partidos políticos", en alusión al PP, durante el pleno de la Diputación que aprobó esta plaza, elevada con criterios de "publicidad, mérito y capacidad".

Defensa de la instrucción

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de "defensa" de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

También ha defendido el informe de la UCO por lo que respecta a los correos intervenidos al contener "datos objetivos", los cuales, sin embargo, "no pueden ser interpretados" como sí han hecho las acusaciones populares. Además, ha expuesto que en una misma persona no pueden concluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez "ya existía", ha manifestado la fiscal, pues se contaba con un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable.

A partir de ese momento, fue asumido por profesores "fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana". En este marco, la fiscal ha detallado que esta responsabilidad dependía desde el punto de vista académico a la Junta de Extremadura, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto al ser una atribución "ajena a sus funciones". Ha remarcado que de los testimonios de testigos y acusados se desprende de que David Sánchez "tenía despacho y acudía a su trabajo" a pesar de la denuncia de absentismo de las acusaciones populares.