La Audiencia Nacional confirma el archivo para Pujol y la Fiscalía mantiene la petición de penas para sus hijos
No sigue adelante con el procedimiento contra el expresidente de la Generalitat por falta de capacidad cognitiva y posibilidades de defensa
La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión de archivar la causa contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley por falta de capacidad cognitiva y posibilidades de defensa, mientras que la Fiscalía ha mantenido la petición de penas para sus siete hijos en el marco del proceso que juzga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia.
Así se ha decidido en la sesión del juicio de este lunes, en la que ha finalizado la declaración de los acusados para dar paso a las conclusiones definitivas, previas a los informes finales que comenzarán mañana en la sede de San Fernando de Henares (Madrid).
El tribunal que juzga a la familia Pujol acordó eximir de responsabilidad penal a Pujol i Soley, de 95 años, por incapacidad cognitiva, después de que el expresidente catalán se sometiera a un reconocimiento médico en el día en que tenía que prestar declaración.
Y este lunes, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha informado de que el tribunal dictará en los próximos días un auto de sobreseimiento libre para ratificar, de esta forma, el exoneramiento de Pujol i Soley.
PENAS DE ENTRE 8 Y 29 AÑOS DE CÁRCEL
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, que ha apoyado la decisión del tribunal de archivar la causa contra el exdirigente catalán, ha confirmado que mantendrá la petición de cárcel para los siete hijos de Pujol i Soley, con penas que van desde los 8 hasta los 29 años de prisión en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia.
Antes del sobreseimiento, el Ministerio Fiscal reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El tribunal juzga a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
Anticorrupción acusa a los siete hijos de Pujol, una expareja del primogénito y más de una decena de presuntos colaboradores por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
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