A la consejera Nerea Melgosa no le gusta cómo se ha gestionado el proceso de regularización extraordinaria de migrantes desde el Gobierno español. Sigue pensando que la colaboración ha brillado por su ausencia y que se podrían haber evitado situaciones como las que afrontan ahora los ayuntamientos, a quienes les ha llegado por sorpresa y de la noche a la mañana la encomienda de dar el visto bueno a los informes de vulnerabilidad como requisito para todos aquellos que no puedan demostrar que tienen un contrato de trabajo, que no tengan redes familiares, y que tampoco puedan acreditar que van a emprender una actividad económica. Este trámite no lo conoció la parte vasca hasta su publicación en el decreto del Gobierno español. Y, además, sigue pensando que, más allá de los parches y de estas regularizaciones periódicas, habría que buscar una solución estructural para ordenar el fenómeno migratorio, que ha llegado para quedarse. El único papel que tiene el Gobierno Vasco, muy a su pesar, es actuar como correa de transmisión de las decisiones de Madrid y mantener informados a todos los afectados, y quiere que esto se sepa para que la opinión pública conozca cómo y quién ha gestado este asunto. Pero, más allá de esta crítica, el Ejecutivo de Imanol Pradales mantiene su apuesta política de distanciarse del ruido y la bronca que imperan en el Estado español, y no elevar el tono. De todos modos, hacer lo contrario hubiera sido llorar sobre la leche derramada, porque el decreto no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y, por tanto, no hay margen para rediseñarlo.
En el mismo día en que ha comenzado la regularización presencial y se han visto colas en todo el Estado español, el Gobierno Vasco prioriza la colaboración para que este proceso se resuelva con éxito, y prefiere quedarse con la parte positiva: frente a los bulos de la derecha estatal o los conatos de boicot en ayuntamientos españoles, el viceconsejero Xabier Legarreta cree que el proceso es positivo porque estas personas ya viven en la comunidad autónoma vasca, y la novedad es que tendrán seguridad jurídica y podrán "aportar a la sociedad lo que hasta ahora no podían aportar" en lugar de permanecer en la "economía sumergida" (ahí lo dejó, aunque es de sobra conocido que trabajar sin contrato deja a los migrantes en una situación de vulnerabilidad pero también impide que puedan cotizar a la Seguridad Social, situación que ahora se puede reconducir). En ese sentido, por un lado, aunque se ponga el foco en que este proceso legalizará la situación de medio millón de personas (26.000 en la comunidad autónoma), Legarreta recordó que ese no es un número nuevo o extra de personas que vendrán en los próximos días desde sus países de origen, sino que son personas que ya viven entre nosotros: uno de los requisitos es que lleven cinco meses de residencia. "La regularización va a permitir que se reconozca una realidad existente", y que permanecía en la economía sumergida. Por otro lado, desmintió que "cualquier quinqui se vaya a aprovechar de esta situación, como dicen algunos partidos", porque se ha blindado que no tengan antecedentes penales "aquí ni en su lugar de origen". Ya no bastará con una mera declaración responsable de la persona afectada.
El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico fue pedagógico en su entrevista en Onda Vasca, donde volvió a marcar una posición colaborativa. Ya ocurrió cuando el Gobierno Vasco solicitó reuniones bilaterales al español para abordar la distribución de los menores migrantes no acompañados y otras cuestiones, en vista de que el plante del PP en la conferencia sectorial bloqueó este debate. Legarreta admitió que al departamento no le ha gustado cómo se ha llevado a cabo la tramitación de la regularización, "pero no es momento de elevar el tono", sino de "cooperar, porque nos jugamos mucho" y de ello dependerá cómo será la sociedad vasca del presente y del futuro.
Los ayuntamientos, "sin conocimiento previo" del informe de vulnerabilidad
El Gobierno español ha abierto el plazo de solicitudes hasta el 30 de junio para que los migrantes regularicen su situación en un procedimiento extraordinario que permitirá que tengan su situación en orden durante un año. A partir de ese año, tendrán que renovar su permiso presentando los informes de arraigo que emiten las comunidades autónomas.
Legarreta admitió que "el único papel que se nos ha dado es difundir la información que va sacando el Gobierno español", aunque quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque "en 48 horas sacamos la guía sobre el decreto", se ha informado a los funcionarios de la administración vasca y a los municipales, y se van a ofrecer sesiones informativas a la ciudadanía. "Nos hubiera gustado estar más implicados, pero no ha podido ser", recordó.
La principal sorpresa ha venido de la mano de los informes de vulnerabilidad. El decreto enumera los supuestos a los que pueden acogerse los migrantes para ver regularizada su situación, que deben ser, al menos, uno de los siguientes: haber trabajado durante su permanencia en el Estado o acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena presentando una oferta laboral o una declaración responsable, estar acompañado por su unidad familiar si en ella se incluyen menores o personas dependientes, o bien "encontrarse en una situación de vulnerabilidad, acreditada, conforme a modelo específico, por las entidades competentes en materia de asistencia social" o por las entidades del tercer sector inscritas en el Registro Electrónico de Extranjería.
"Los ayuntamientos vascos van a jugar un papel que no esperaban, sin conocimiento previo. En ningún borrador aparecía como requisito, pero se exige un informe de vulnerabilidad para las personas que no tengan cómo demostrar un contrato de trabajo, no hayan pedido asilo... A los ayuntamientos nadie les había adelantado nada, y los servicios sociales suelen ser sus áreas más tensionadas de por sí", dijo Legarreta, para añadir después que eso no obsta para que el proceso pueda marchar bien, y puso como ejemplo la apertura de una oficina al respecto en Bilbao.
De este modo, el PNV se desmarca otra vez del boicot del PP que ya se teme la ministra Elma Saiz por parte de sus ayuntamientos, donde sobrevuela la presentación de mociones en contra. La ministra quitó hierro a este trámite adicional en TVE con el argumento de que se puede acceder al formulario del informe de vulnerabilidad a través de la web y que ese papel solo necesitaría ser "visado" por los ayuntamientos, o bien por las asociaciones del tercer sector. "Apelo a la colaboración entre administraciones", reclamó, para dejar caer que "no es de recibo" que vayan a surgir "trabas". Legarreta, por su parte, se desmarcó del "pim, pam, pum que se juega en España", de la "improvisación" del Estado o del "oportunismo" de la oposición. "La migración es algo estructural que ha venido para quedarse", avisó.
Los saharauis, la lengua...
Legarreta constató también que los apátridas han quedado fuera del proceso, una circunstancia que afecta a los saharauis y los ucranianos, pero en el caso de estos ciudadanos europeos la circunstancia no es problemática porque su proceso lo regulan las ordenanzas europeas que permiten obtener los permisos de manera más sencilla.
El Gobierno español no ha aceptado tampoco en su literalidad las alegaciones del departamento sobre la formación o las lenguas oficiales. El decreto, en sentido estricto, sí recoge una mención a las lenguas oficiales dentro del procedimiento para renovar los permisos al cabo de un año, aunque es cierto que su redacción es telegráfica. El artículo 12.10 del decreto establece que la autorización "podrá ser prorrogada siempre y cuando se acredite estar en búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el servicio público de empleo o se aporte un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la comunidad autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga", y que "el informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia". "Esta prórroga tendrá una vigencia de un año", sentencia el decreto del Gobierno español. Los informes que emite el departamento de Bienestar del Gobierno Vasco ya reconocen de facto el aprendizaje de euskera como un elemento positivo para valorar el arraigo (que, en todo caso, debe conceder el Gobierno español porque tiene la última palabra), pero pretendía que el Estado realizara algún tipo de reconocimiento oficial más específico. Pretendía que el Gobierno español incorporase una previsión específica que fomente el aprendizaje en el marco de la primera renovación, sin configurarlo como un requisito excluyente, sino como un elemento más de valoración positiva.
