La guerra de Irán y la subida del precio de los combustibles han obligado al Gobierno español a poner en marcha un nuevo escudo social. Pero aún tenía muy fresca la derrota parlamentaria que sufrió en enero, cuando intentó colar en un mismo decreto ómnibus la subida de las pensiones y el escudo social que incluía la prohibición de los desahucios, y se topó de bruces con los votos en contra no solo del PP y Vox, sino también de Junts, por su rechazo a esta medida en materia de vivienda. Poco después, el Gobierno español separó ambos paquetes, y matizó el escudo social haciendo excepciones con los pequeños propietarios tras un acuerdo con el PNV, pero tampoco fue suficiente. Por ello, el PSOE no tenía intención de tropezar otra vez con la misma piedra en el diseño del nuevo paquete de medidas. Sin embargo, la presión de Sumar en el Consejo de Ministros, que insistía con la vivienda, condujo a una solución de compromiso: por un lado, se aprobó un decreto con rebajas fiscales como el IVA del 21% al 10% en los combustibles, la luz y el gas; y, por otro, se aprobó un decreto sobre los alquileres por iniciativa de Sumar. Pero este sábado se ha comprobado de nuevo que no hay más cera que la que arde, y el decreto de Sumar sigue sin congregar la mayoría necesaria. Junts confirmó que este decreto “no tendrá su apoyo” porque “opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras y los propietarios”. El PP ya había anunciado un día antes que no iba a respaldarlo por considerar que es “de izquierdas”, y matizó que iba a estudiar el de los impuestos, que a su juicio es de “derechas” porque incluye una parte de las propuestas de los populares.
El desenlace sigue siendo el mismo aunque el decreto venga muy rebajado. De hecho, ya no recoge la paralización de los desahucios, que fue el gran motivo de discordia en los dos anteriores intentos. De manera significativa, el presidente español, Pedro Sánchez, pasó de puntillas por el contenido del decreto el viernes, y hubo que esperar hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado para conocer el contenido exacto. Son solo cuatro páginas que incluyen dos medidas: la prórroga extraodinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuyo plazo finalice antes del 31 de diciembre de 2027 (se aplicará una prórroga por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales), y la limitación de la actualización anual de la renta del alquiler al 2% si el arrendador es un gran tenedor de viviendas. En caso de que no sea un gran tenedor, se aplicará también el límite del 2% si no hay acuerdo entre las partes, lo que en la práctica puede provocar que el inquilino se acomode en el desacuerdo a sabiendas de que, en ese caso, el alquiler subirá solo un 2%.
A la espera de que se confirme definitivamente que PP, Vox y Junts van a votar en contra en una futura convalidación del decreto, el voto del resto de grupos sería intrascendente. En cualquier caso, a título de inventario, las fuentes del PNV en el Congreso consultadas por Grupo Noticias aseguran que todavía están analizando el documento y será el Euzkadi Buru Batzar, en su reunión del lunes, quien fije oficialmente la posición tras recibir la información que le proporcione el grupo de Maribel Vaquero desde Madrid. Ahora bien, la partamentaria vasca Alaitz Zabala, en la tertulia de Radio Euskadi, dejó constar ayer las “dudas” del PNV.
“La propuesta de Sumar que afecta a la vivienda habrá que analizarla y ver la letra pequeña, porque me causa más dudas cómo se van a aplicar las medidas. Hay medidas muy difíciles de poner en marcha, hay que controlar las prórrogas del alquiler, y el papel lo puede sostener, pero no sé si serán muy eficaces. Parecen mucho más difíciles de llevar a cabo”, deslizó. Sobre el otro decreto, el de las rebajas fiscales, repitió lo que ya se sabía, que el PNV lo ve con buenos ojos porque recoge propuestas que le formuló el propio lehendakari Pradales a Sánchez. También le parece “correcto” que el Gobierno español haya fraccionado los dos decretos.
Ámbitos de la patronal han criticado ya el decreto del alquiler, y otros sectores recelan con el argumento de que la prórroga de los contratos y la limitación de los precios pueden funcionar a corto plazo, pero terminan recortando la oferta de pisos en alquiler porque los propietarios se lo piensan dos veces.
EH Bildu deslizó que no va a obstaculizar ninguno de los paquetes por “responsabilidad”, aunque este grupo está “descontento” porque el Gobierno español no ha querido elevar la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas energéticas, e interpreta que Junts y PNV han tenido una mayor capacidad de presión sobre Sánchez. Oskar Matute apostó en Radio Nacional de España por “actuar con responsabilidad”, pero hizo constar su malestar y apretó a Sánchez con un hipotético castigo “en las urnas”.
Ione Belarra, desde Podemos, intentó mantener el pulso con el alquiler y condicionó su “voto a favor” a que esa medida vaya en el mismo decreto que el tope a los carburantes, “no en uno aparte”. Sánchez ya lo ha vivido y es un camino que termina en fracaso.
Junts y PP
El decreto fiscal sí tiene visos de salir adelante. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aplaudió ese decreto porque incluye propuestas de su grupo, pero rechazó el del alquiler, que pretende que el escudo social “descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios”. Exigió al Gobierno español que sea él quien “asuma los costes de las políticas sociales” y “deje de ahogar al pequeño propietario” con un decreto que “saben que luego el Congreso no lo aprobará”. El PP rechaza este decreto y no termina de confirmar su posición sobre las medidas fiscales a la espera de que el resto se vaya pronunciando. Miguel Tellado admitió que ve reflejadas parte de las propuestas del PP, pero cree que Sánchez las ha copiado “a medias”, “tarde y mal”.
En el plazo de un mes
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los dos decretos entran en vigor este domingo, pero deberán ser convalidados en el plazo de un mes, o decaerán. No hay fecha para someter al Congreso el decreto de vivienda, y se habló de que las medidas fiscales se aprobarían este jueves en la Cámara, aunque en el momento del anuncio aún no se había trasladado oficialmente a la agenda que tiene colgada el Congreso en su página web. El decreto fiscal incluye la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, una medida que había solicitado el PNV.
