Imputan a la exalcaldesa de EH Bildu de Zaldibar, Arantza Baigorri, por el derrumbe del vertedero en 2020

Un mes antes de que estallara la pandemia del 2020 en Zaldibar tuvo lugar el derrumbe del vertedero, una catástrofe ambiental que trajo consigo trágicas consecuencias con la muerte de dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, además de un sinfín de investigaciones para depurar responsabilidades tanto técnicas como políticas.

Ahora, cuando se van a cumplir 6 años del fatídico suceso –el próximo 6 de febrero- se abre un nuevo capítulo, y tras levantarse el secreto de sumario hace un año, concretamente el 20 de enero de 2025, de una investigación iniciada en 2024, a consecuencia de lo cual una magistrada ha decidido imputar a la exalcaldesa del municipio hasta 2018, Arantza Baigorri, a los arquitectos municipales y a la secretaria/interventora. El proceso judicial de lo sucedido sigue abierto, por lo que continúa también la investigación a los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del recinto.

Según indica la documentación judicial a la que se ha tenido acceso, la unidad de delitos contra el medio ambiente de la Ertzaintza emitió un voluminoso informe en junio de 2025 que abarca un periodo temporal muy amplio y alejado temporalmente del instante en que colapsó el vertedero, donde se recogen hasta veinte conclusiones de hechos presumiblemente relevantes desde el punto de vista penal. 

Tal y como recoge el auto se acordó que la exalcaldesa y los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar y el resto de imputados declaren los días 5, 6 y 7 de mayo de este año, una vez que conocieron en detalle los hechos que describe la Ertzaintza en su amplio informe. Baigorri será la primera en declarar el 5 de mayo a las 9.30 horas.

La causa judicial se sigue por delitos previstos en los artículos 319 y 320 en relación con el art. 404 del Código Penal, relacionados con la prevaricación urbanística y administrativa. En el caso de la exregidora, lo es por el segundo. En concreto, hace referencia a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio”. Es un delito castigado con inhabilitación, pero igualmente puede comportar cárcel -hasta cuatro años- y sanciones económicas.

Hay que aclarar que la ahora exalcaldesa tomó posesión del cargo en 2011 y dejó el puesto en 2018, sin terminar el segundo mandato, por motivos personales, cogiendo el relevo Eneritz Azpitarte, quien vuelve a estar al frente del Consistorio zaldibartarra. 

En cuanto a esta nueva actuación judicial, ya se ha acotado que todas las posibles irregularidades previas a 2015 no se castigarán, ya que la extensión temporal de la pena de inhabilitación especial tiene un plazo de prescripción de 10 años. En concreto, entre las páginas 1.071 y 1.170 de su informe, la Ertzaintza ofrece, según el auto, conclusiones provisionales.

Por otro lado, según se ha sabido los letrados de los imputados están buscando la nulidad de las actuaciones por defectos procesales, básicamente incumplimiento de plazos. El margen ordinario de las investigaciones penales es de doce meses y las imputaciones llegaron mucho después, concretamente tras recibir el atestado de la Policía judicial, de modo que los doce meses se empezarían a contar desde ese momento, es decir, desde el verano de 2025.

Será la Audiencia Provincial de Bizkaia la que deberá de resolver los recursos de las defensas de los imputados.

Recurso de nulidad de actuaciones

Por su parte, EH Bildu ha respondido a la imputación señalando que "las actuaciones del Ayuntamiento de Zaldibar entre los años 2011 y 2019 se desarrollaron conforme a los criterios y recomendaciones de los servicios técnicos municipales, incluido el arquitecto municipal y las asesorías técnicas contratadas, y la modificación del PGOU fue avalada sin matices por la Diputación Foral de Bizkaia".

También subrayan que el Ayuntamiento de Zaldibar, -en aquel momento gobernado por el PNV-PSE-, puso desde el primer momento a disposición de la Ertzaintza y de la Justicia toda la información y documentación requerida y que actualmente, el procedimiento se encuentra pendiente de las resoluciones judiciales, "tras la presentación por parte de las defensas de un recurso de nulidad de actuaciones".

Y recalcan que "EH Bildu actúa con responsabilidad, transparencia y plena colaboración ante cualquier actuación que deba ser esclarecida" además de aclarar que Arantza Baigorri no obtuvo beneficio personal alguno y, tras dejar la alcaldía en 2018, se reincorporó a su puesto de trabajo".