Peinado mantiene la investigación contra Begoña Gómez e imputa a una alto cargo de Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado no da marcha atrás y ha decidido ampliar la investigación contra Begoña Gómez. En un auto conocido este miércoles, el magistrado rechaza sobreseer la causa, como pide la Fiscalía, y mantiene la imputación contra la esposa de Pedro Sánchez por cinco delitos. Además, incorpora a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.

Peinado considera que existen indicios "claros, sólidos y homogéneos" para procesar a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.

En el caso de malversación, el juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. "Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", afirma Peinado.

También siguen como investigados su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre.

Citación a la secretaria de Presidencia

En el caso de Judith Alexandra González Pedraz, Peinado la convoca el próximo 12 de noviembre para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos". Asimismo, pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

Además, Peinado ha rechazado comparar la situación de la asesora de la mujer de Sánchez con los casos similares que se han dado con otros ejecutivos y ha argumentado que no puede afirmarse que, "como esa persona ha robado una gallina, yo puedo robar tres o cinco gallinas". El juez introduce este argumento en el auto dictado este martes 4 de noviembre en el que decide continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez y contra las otras tres personas investigadas, y además imputa a Judit González Pedraz.

Una de esas personas es Cristina Álvarez, en cuyo desempeño el juez aprecia un presunto delito de malversación de caudales públicos por su "destacada y directa colaboración" en las tareas que la esposa del presidente del Gobierno relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense.

El argumento de las gallinas

El juez plantea esa colaboración pudo hacerse, no solo por su relación de amistad, sino aprovechando la figura de "asistenta de la esposa de Presidente de Gobierno" que otras personas han ejercido "en tiempos más o menos cercanos".

Y en ese contexto plantea que no toca en este procedimiento analizar si la creación o las funciones de ese cargo "pudiera ser acertada, moral o políticamente e incluso constitutiva de un comportamiento delictivo", pero tiene claro que no puede servir de "desagravio comparativo respecto de lo que es objeto de esta investigación".

"No puede afirmarse que, 'como esa persona ha robado una gallina, yo puedo robar tres o cinco gallinas', o 'como esa otra persona ha conducido bajo una influencia de bebidas alcohólicas superando una tasa de impregnación alcohólica de 0,60 miligramos de alcohol, por litro de aire expirado, yo puedo conducir, igualmente, superando una tasa de 1,5 miligramos de alcohol por litro expirado y además, habiendo consumido sustancias estupefacientes, constituyendo un grave peligro para la seguridad del tráfico'", argumenta el juez.

Sobre el tráfico de influencias, dice el magistrado que no puede encontrarse "mayor indicio de fuerza" que la asistencia del rector de la Complutense ante la llamada del palacio de Presidencia del Gobierno "sabedor que su negativa, expresa, tácita o presunta, puede derivar un consecuencias negativas (...) o en consecuencias positivas si accede a la pretensión que se le dirige", es decir hacer a Gómez directora de una cátedra creada "ad hoc" para ella.