La Abogacía del Estado ha solicitado 3 años, 9 meses y un día de cárcel para Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se sigue contra él por presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros y falsificación de documentos.
Según ha adelantado 'El País' y figura en el escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la Abogacía del Estado pide la misma pena de prisión que solicitó recientemente la Fiscalía para el empresario. También argumenta que pague una multa de 448.000 euros.
En cuanto a los otros empresarios investigados por presuntamente emitir facturas falsas, la Abogacía solicita dos años de prisión para Maximiliano Niéderer (como cooperador del delito contra Hacienda y autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en 2020 y 2021) y que pague multa.
Para los tres empresarios sevillanos también investigados la Abogacía solicita un año de cárcel y multa como cooperados necesarios del delito de fraude fiscal y autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Quince facturas que "se reputan falsas"
En su escrito de acusación el abogado del Estado desgrana la presunta operativa fraudulenta, consistente en una "deducción mendaz de gastos consignados en facturas falsas para minorar la tributación" del impuesto de sociedades.
Detalla las 15 facturas "registradas contablemente en los años 2020 y 2021 por Maxwell (en referencia a la empresa Maxwell Cremona, de Alberto González Amador) y que "se reputan falsas", acreditando los delitos imputados.
El escrito destaca que en el año 2020, con motivo de la pandemia de coronavirus, González Amador "llevó a cabo también actividades de intermediación en la compraventa de productos sanitarios", y ya en el año 2021 "se inician nuevas prestaciones en favor de Quirón Prevención S.L.". Esas actividades incrementaron los ingresos de Maxwell en 2020 y 2021.
La Abogacía subraya que, tal y como resulta de los informes de la Agencia Tributaria, "en el año 2021 el acusado don Alberto González Amador, con ánimo de seleccionar de manera arbitraria la sociedad en que quiere que tributen determinados ingresos, trasladó artificialmente parte de la actividad de Maxwell a la mercantil Masterman & Whitaker S.L., sujeta también a su control".
El pasado mes de mayo la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado (similar al procesamiento) en el marco del procedimiento principal en el que investiga a González Amador y a otros cuatro empresarios por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
Inspección de Hacienda en 2022
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el impuesto sobre sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.
La pasada semana la magistrada rechazó el recurso interpuesto contra su procesamiento por Alberto González Amador, al apreciar "claros indicios" de que se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.
Por ahora han presentado sus escritos de acusación la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y faltan los de PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular.
Fuentes jurídicas han recordado a EFE que el plazo para que las acusaciones populares cumplan con este trámite se suspendió porque no habían tenido traslado completo de las actuaciones, y aún no se ha reabierto, de modo que no está previsto que la presentación de los escritos sea inminente.
Antes de abrirse este procedimiento uno de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.
Además de este proceso principal, la magistrada mantiene abierta una pieza separada en la que investiga a la pareja de la presidenta de Madrid por presunta corrupción en los negocios en relación con el grupo Quirón.
