Cristóbal Montoro, imputado por beneficiar a empresas gasísticas

Un juez de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular Cristóbal Montoropor beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde su puesto en el Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó el secreto del sumario sobre una causa que se abrió hace siete años y que tiene como epicentro un despacho de abogados que creó Cristóbal Montoroy al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente del Ministerio.

Según el diario.es, la trama que describe el juez arranca con la fundación del despacho Equipo Económico en 2008 por parte de Montoro. De Equipo Económico, afirma el magistrado, Montoro fue “socio fundador, presidente y consejero de EE hasta abril de 2008”. Una vez Montoro llegó al Ministerio por segunda vez en 2011 se aprobaron una serie de normas que beneficiaban a los clientes de ese despacho de abogados.

El juez asegura que Montoro, “presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la inciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”, recoge el auto, cuyo contenido adelantó La Vanguardia. “El uso de tales postestades habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, añade el magistrado.

Nueve cargos de Hacienda imputados

Junto a Montoro están imputados nueve miembros de su equipo en el Ministerio de Hacienda, empezando por su secretario de Estado Miguel Ferré Navarrete. También están los subsecretarios Pilar Platero y Felipe Martínez Rico, el que fuera director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez, los directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Álberto García Varela, el subdirector de Tributos Locales Óscar del Amo y el asesor del gabinete del ministro Rogelio Menéndez, su director de gabinete, José María Buenaventura Zabala, además de una veintena de representantes de las empresas presuntamente beneficiadas.