Maria Ubarretxena acudió con grandes expectativas a la reunión preparatoria del miércoles de la semana pasada, y se llevó un chasco al comprobar que el Gobierno español no había presentado ningún documento para concretar negro sobre blanco los términos del primer paquete de transferencias de la Seguridad Social. En esas condiciones, se torcieron las expectativas y parecía complicado finalizar los trabajos a tiempo para la cita decisiva de este martes, para que la Comisión Bilateral presidida por el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez firmara un acuerdo al respecto. Por ello, la consejera de Autogobierno hizo un llamamiento: había que negociar también durante el fin de semana porque todas las horas que quedaban por delante eran “oro”. Y, tal y como han confirmado las fuentes del departamento consultadas por Grupo Noticias, el fin de semana se han producido “intensas negociaciones”.
Por tanto, las máquinas de los gobiernos vasco y español no se han parado. A partir de ahí, el departamento de Ubarretxena no quiere concretar si esto significa que el Gobierno español les ha presentado ya un texto concreto, ni si la negociación se puede dar por desbloqueada. Se mantiene la discreción.
La situación de Sumar
Estas conversaciones no son sencillas porque, para empezar, las prestaciones que quiere gestionar la comunidad autónoma vasca son competencia de dos ministerios diferentes, liderados por dos partidos distintos. En estos momentos, el PSOE necesita escenificar acuerdos con sus socios para coger oxígeno en plena investigación a sus dos exsecretarios de Organización. Pero a Sumar no le aprieta el zapato por ese lado y, en su caso, si le surgiera un problema en términos de imagen, sería por las quejas que pudieran llegar desde los ámbitos sindicales, si es que alguien interpretara que, con la transferencia de las prestaciones de desempleo, algunos trabajadores del Estado cobrarán más que otros. Pero no es así, porque la competencia legislativa seguirá en manos del Estado.
Sumar, con Yolanda Díaz, está al frente del Ministerio de Trabajo, y a su equipo le puede inquietar la perspectiva de perder el control de la gestión de las prestaciones de desempleo. Pero el departamento de Ubarretxena ha aclarado en público varias veces que lo que se está negociando es la potestad de reconocer a las personas solicitantes el derecho a cobrar una prestación, el pago, la inspección, el control y la potestad sancionadora desde una ventanilla vasca, y no se pretende legislar sobre la cuantía de las ayudas. Se espera que esta aclaración actúe como un bálsamo. Se trata de cumplir el Estatuto de Gernika en sus actuales términos y establecer convenios para gestionar las materias de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y con respeto a la legislación básica del Estado.
El propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, quitaba hierro en 2023 a esta transferencia asegurando que el Gobierno vasco iba a asumir los medios materiales y humanos, mientras que la competencia para legislar es del Estado y lo seguirá siendo en el futuro. La representación de Sumar en el Parlamento Vasco también votó a favor de esta transferencia el pasado mes de marzo, y su parlamentario Jon Hernández, que procede del PCE, ya dijo que serían “muy exigentes con la igualdad de los derechos en relación a la protección de las y los trabajadores”.
La situación del PSOE
Pero, por otro lado, el PSOE, con Elma Saiz, está al frente del ministerio de la Seguridad Social, del que dependen varias prestaciones por cuidado familiar que quiere asumir el Gobierno vasco. Y a nadie se le escapa que los socialistas están muy interesados en cerrar acuerdos de calado que puedan contentar a sus socios vascos y catalanes, para trasladar la idea de que Pedro Sánchez es capaz de recuperar la confianza de sus aliados a pesar de los recelos y la incomodidad que les produce el caso Cerdán. Esa es la lectura que hace el PSOE y no tiene por qué coincidir con la del departamento de Autogobierno, que ha repetido en varias ocasiones que esas interpretaciones le son totalmente ajenas, que no le corresponde valorar la relación entre partidos, y que lo único que quiere hacer es cumplir su programa de gobierno con el Ejecutivo español que se encuentre en el ejercicio del cargo en cada momento. Y ahora tiene al otro lado de la mesa al Gobierno de Sánchez.
Pero este contexto puede jugar finalmente a favor de Ubarretxena. Sánchez afronta una semana relevante desde el punto de vista político: este lunes se celebra la Comisión Bilateral con Catalunya para abordar la gestión del IRPF, este martes se reunirá personalmente con el lehendakari Pradales en la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente para abordar las transferencias pendientes y cuestiones como la capacidad eléctrica de la industria; y el viernes se espera que el Consejo de Asuntos Generales europeo pueda votar la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego, una cuestión estratégica para el PNV y en la que Junts se mantiene muy vigilante porque forma parte de sus acuerdos con Sánchez.
Las ayudas que se negocian
Las materias que quiere cerrar este martes el Gobierno vasco en la Comisión Bilateral en Madrid son, por un lado, las prestaciones de cuidado familiar por nacimiento; por hijo o menor acogido con discapacidad; por tener familias numerosas, monoparentales, o por tener padres y madres con discapacidad; y las de parto o adopción múltiple. Esas materias son las que dependen del PSOE, del Ministerio de la Seguridad Social.
Por otro lado, quiere asumir también algunas ayudas del ministerio de Trabajo, de Sumar. Abarcan, en primer lugar, la gestión de la prestación contributiva de desempleo que se recibe cuando se pierde el trabajo (se recibe cuando se pierde el empleo de forma temporal o definitiva o la jornada laboral se reduce entre un 10% y un 70%; e incluye la cotización a la Seguridad Social por jubilación, incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia, asistencia sanitaria, maternidad y paternidad, así como el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad severa).
En segundo lugar, aspira a gestionar el subsidio por desempleo, el que recibe una persona que no ha cotizado lo suficiente ante la Seguridad Social como para cobrar las prestaciones antes mencionadas, o que le da cobertura cuando se les agota esa primera vía. El Estado tiene en estos momentos en vigor los subsidios de agotamiento de la prestación contributiva, por cotizaciones insuficientes para la prestación contributiva, para mayores de 52 años, para víctimas de violencia de género o sexual, para emigrantes retornados y la renta agraria.
El Gobierno vasco tiene establecido un perímetro que es el siguiente: el artículo 149.1.17 de la Constitución española establece que es “competencia exclusiva” del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, “sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas”. Y es ahí donde entra el Estatuto de Gernika, que establece en su disposición transitoria quinta que ambos gobiernos establecerán “los oportunos convenios” para que la comunidad autónoma asuma “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.
Los precedentes
La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social ha sido durante décadas un tabú para los sucesivos gobiernos españoles. Aunque esta negociación encuentre soporte jurídico en el Estatuto de Gernika y en la propia Constitución española, tiene un gran simbolismo para la política madrileña, se percibe como el núcleo del Estado, y en algunos ámbitos de opinión se ha alimentado durante todo este tiempo la tesis del vaciamiento de España. Se percibe esta transferencia como el principio del fin del Estado. Pero, lejos de ese dramatismo trascendental, en la práctica se han venido asumiendo pequeñas transferencias del ámbito de la Seguridad Social sin que se rompa el carácter unitario de este sistema, lo que desmiente las interpretaciones apocalípticas sobre este traspaso.
En el caso vasco, desde 1987, se gestionan los subsidios no contributivos de jubilación y de las personas discapacitadas, y también se acordó la gestión del Ingreso Mínimo Vital creado por el Gobierno español en 2020. Esta transferencia se acordó respetando el carácter unitario de la Seguridad Social y el principio de solidaridad. Ya entonces se activó la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, un precedente muy cercano que está utilizando Ubarretxena en estas negociaciones para calmar las aguas.
Si el Gobierno vasco consiguiera amarrar un primer paquete de transferencias en la cumbre de este martes, el acuerdo habrá llegado casi exactamente diez meses después de que Ubarretxena anunciara en el Parlamento Vasco la puesta en marcha de las gestiones para redactar una primera propuesta desde la comunidad autónoma. Ocurrió el 17 de septiembre. En las próximas horas se conocerá si los gobiernos vasco y español van a poder escenificar la firma de este acuerdo en una reunión donde todo está organizado para arrojar un gran titular. La última vez que se reunió la comisión con Pradales y Sánchez, se firmaron los traspasos del litoral y cine.
La quinta reunión Pradales-Sánchez en un año
Tras la Comisión Permanente que tendrá lugar este martes con la presencia de Pradales y Sánchez, ya serán cinco las reuniones bilaterales que han mantenido en tan solo un año de legislatura vasca, sin contar las dos conferencias de presidentes multilaterales. La primera se produjo el 26 de julio de 2024 en Ajuria Enea, después llegó la visita de Pradales a La Moncloa el 20 de septiembre en la ronda del presidente español con los líderes autonómicos; luego se produjo la Comisión Permanente del 27 de noviembre, y el 27 de febrero tuvieron un pequeño encuentro durante la visita de Sánchez a Zamudio para inaugurar la fábrica aeroespacial de ITP Aero.
