El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido a la Seguridad Social la vida laboral del exdirigente socialista Santos Cerdán, del exasesor ministerial Koldo García y de los cinco empresarios investigados en la causa sobre supuestas mordidas por adjudicaciones de obra pública.
El magistrado atiende a la petición que le ha formulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un oficio, al que ha tenido acceso EFE, en el que los agentes solicitan tener "una imagen completa del ámbito financiero y tributario" de los investigados en la causa que mantiene a Cerdán en prisión preventiva.
Requiere así el magistrado a la Tesorería General de la Seguridad Social la vida laboral del ex número 3 del PSOE, de Koldo Cerdán, de su exmujer Patricia Úriz -que no está investigada en el Supremo pero sí en la Audiencia Nacional- y de los cinco empresarios imputados -Joseba Antxón Alonso (Servinabar), Antonio y Daniel Fernández (OPR), Fernando Merino (Acciona) y José Ruz (LIC)-.
Conocer el "desempeño laboral" de los implicados
La petición se refiere al periodo entre 2014 y 2024 y, subraya el juez, busca "conocer el desempeño laboral desarrollado" por los implicados "en el referido espacio de tiempo y, en consecuencia, el vínculo" que hubieran podido mantener "con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban".
Pero no solo se dirige el juez a la Tesorería General de la Seguridad Social. En su auto, conocido este jueves, pide también a la Agencia Tributaria un informe de suministro relativo a la década 2014-2024 sobre los empresarios investigados, varias empresas y siete UTE, así como sobre la fundación Fiadelso, vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Las mercantiles sobre las que la UCO y el juez requieren información aparecen en el informe de la Guardia Civil que motivó la imputación de Santos Cerdán en la causa. Son Acciona Construcción, Áridos Anfersa, Geoalcali, LIC, Mer Construcción, OPR, Noran S. Coop Pequeña, así como distintas UTE en las que participaban algunas de las ya mencionadas.
Información sobre Servinabar 2000
Además, el juez también hace un requerimiento a la Hacienda Foral de Navarra para que aporte información sobre Servinabar 2000, la empresa administrada por Antxon Alonso y respecto a la que Santos Cerdán firmó un documento privado para adquirir el 45 % que, según ambos, no tiene efectividad porque nunca se elevó a público.
Los informes solicitados deberán aportar información sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, rentas, fondos de inversión, bienes inmuebles o relaciones societarias, entre otros datos, según ha solicitado la UCO.
Y la información que se obtenga, según el magistrado, podrá cruzarse con los datos bancarios de los implicados y permitirá "conocer la estructura" de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, y los períodos de tiempo durante los que determinadas personas físicas pudieran haber prestado servicios para ellas.
Así se podrán "confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado".
