La red de docentes Universidad Complutense por la Pública ha anunciado "movilizaciones inminentes" contra "la mordaza universitaria" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en alusión al borrador de la Ley de Universidades del 29 de mayo, que planea sancionar con hasta 100.000 euros los escraches y las manifestaciones no autorizadas en estos centros.
Ayuso ha señalado en X que "esta noticia es falsa", pero el borrador ha sido remitido por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a los rectorados y a diferentes comisiones universitarias que deben emitir informes.
Comunicado y respuesta
La red Universidad Complutense por la Pública llama a los estudiantes y trabajadores de los centros públicos de Madrid y a toda la sociedad a prepararse para "escalar las movilizaciones" contra una Ley que "amenaza" con "sanciones astronómicas" y con condenar a la comunidad universitaria al "ostracismo" por ejercer sus derechos fundamentales de manifestación y protesta.
"Nos estamos jugando nuestro futuro y nuestra libertad. Este otoño vamos a parar esta ley, que convierte la educación en un negocio, nos criminaliza y ataca nuestras libertades, para conquistar la universidad pública que nos merecemos", afirman en un comunicado. "La universidad es un espacio autónomo donde la libertad de ciencia y la de conciencia no pueden ser recortadas. Ambas van unidas. Ninguna ley puede atacarlas", subraya la plataforma.
Este colectivo resalta que "en lugar de querer silenciar y controlar la universidad lo que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de la Comunidad de Madrid es dotar de presupuestos dignos y no estrangular la universidad, convirtiéndola en un negocio privado sin calidad".
La comunidad universitaria exige respeto a su autonomía, una financiación digna y respeto al derecho constitucional a la educación pública, destaca la red. En la nota, sostienen que "la mordaza universitaria de Ayuso y la 'ley mordaza' -como se conoce comúnmente a la ley de seguridad ciudadana de 2015- son parte de lo mismo". Recuerdan que el Ejecutivo central anunció en 2015 que iba a derogar la ley mordaza, pero, en 2025, sigue vigente y añaden que "mientras el Gobierno no derogue una ley que ha supuesto dos millones de multas, no tendrá credibilidad".
