El PP redobla su cruzada contra la transferencia de los interventores municipales a Euskadi

Lo que hace el PNV lo intenta deshacer el PP. Los populares no dan su brazo a torcer y están agotando todas las vías legales para tratar de derogar la competencia de la comunidad autónoma vasca sobre los secretarios e interventores que trabajan en sus ayuntamientos. Con un criterio basado en una supuesta mayor independencia, los funcionarios habían sido hasta el momento de “habilitación nacional” y, por tanto, dependían de la administración del Estado español aunque ejercieran su trabajo en los territorios vascos, pero el PNV acordó con el Gobierno español que se produjera la transferencia a cambio de su apoyo a los Presupuestos del año 2022. Desde entonces, el PP, que en el marco de su rivalidad electoral con Vox está inmerso en una estrategia recentralizadora y de recorte del autogobierno, ha tratado de tumbarla de manera reiterada. 

Se ha entrado en una especie de juego del gato y el ratón que ha obligado a vehiculizar el traspaso en dos leyes y un decreto. El último hito se vivía el pasado 29 de abril, cuando toda la atención seguía centrada en el apagón eléctrico de la víspera. Ese día, el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso del PP contra el apartado dos de la disposición final séptima de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La admisión a trámite solo supone que el Constitucional va a estudiar el asunto, y no prejuzga el contenido de la sentencia.

Lo llamativo en todo este recorrido es que la argumentación que defiende el PP en público es política, basada en un conjunto de prejuicios y presunciones como que los interventores municipales del Estado son los que garantizan la legalidad en los ayuntamientos y que la corrupción sea perseguida, mientras que los interventores que dependieran de Euskadi podrían verse influenciados por el entorno político. El PP le aplica lo mismo a Catalunya, y asegura que fueron los interventores estatales los que se opusieron al referédum del 1 de octubre. Y este es un empeño que ya viene de lejos. 

Cabe recordar que la reforma del régimen local que impulsó en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy recentralizó las competencias con ese mismo argumento, una mayor imparcialidad en el control financiero de los ayuntamientos. “Corresponde al Estado su selección, formación y habilitación, así como la potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves”, decía la reforma del PP.

Los obstáculos

El recorrido de esta transferencia está siendo una odisea y la estrategia del PP tiene ya todas las trazas de ser una cruzada. En primer lugar, el PNV acordó la transferencia con el Gobierno de Sánchez a cambio de los Presupuestos de 2022. El acuerdo suponía que la comunidad autónoma vasca iba a asumir la competencia para aprobar ofertas públicas de empleo y cubrir vacantes, nombrar el personal, asignar el primer destino y regular las situaciones administrativas. Por tanto, se incluyó una referencia dentro de la propia Ley de Presupuestos. El PP, al superar los 50 diputados que son necesarios para poder recurrir al Constitucional, llamó a las puertas del tribunal y consiguió en abril de 2024 que los magistrados declarasen nula e inconstitucional esa disposición. En ese caso, el TC lo hizo por razones de forma y no de fondo, simplemente porque ese punto sobre los interventores municipales no era, a juicio del tribunal, una materia propia de los Presupuestos ni guardaba relación con los ingresos y gastos, de manera que no tendría que haberse incluido en un proyecto de Cuentas.

Sin embargo, la sangre no llegó al río porque el grupo vasco del Congreso, entonces liderado por Aitor Esteban, actuó con previsión y había introducido también ese punto en un decreto, en el 6/2023, del 19 de diciembre, de medidas urgentes del plan de recuperación europeo. Recogía la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero el PP lo recurrió con el argumento de que se incluían muchas cuestiones que no eran urgentes, y el Tribunal Constitucional admitió a trámite su recurso en abril de 2024. 

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una cuestión de inconstitucionalidad por razones de forma, y aún no se ha resuelto este contencioso. Cositel, que es el Consejo de Colegios de interventores estatales, fue quien interpuso el recurso al TSJPV. En este debate sobrevuelan otros mantras de la derecha estatal, como los requisitos lingüísticos.

La tercera percha que se ha buscado para esta transferencia es la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que también ha sido cuestionada por el PP y donde el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite su recurso el 29 de abril. El PP rechaza la “fractura o destrucción del carácter uniforme de la escala de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional”. Además, registró una proposición no de ley en el Congreso en contra de la transferencia, con el argumento de que puede provocar problemas de “coordinación”, y dice que depender del Estado español es “salvaguarda de profesionalidad e independencia”.

Saber dónde los destinan

Es el PP, con el apoyo de colectivos como Cositel, quien acusa al Gobierno de Sánchez y al PNV de estar obsesionados con el traspaso. Pero el ministro de Función Pública, Óscar López, tuvo hace unos días la ocasión de hacer pedagogía a su favor: por un lado, alertó de las vacantes que quedan sin cubrir y, por otro, de la incertidumbre que se genera a las propias personas que se presentan a las oposiciones porque no saben si serán destinadas a Melilla o a Vigo. Puso sobre la mesa una cuestión tan práctica como que un candidato sepa para qué destino se presenta exactamente.

Esta ofensiva está a la altura del culebrón que protagonizó el PP a cuenta de la devolución al PNV de la sede que tenía en París el Gobierno vasco en el exilio, o la oficialidad de la selección vasca de pelota, donde esta misma semana ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para intentar que se modifique la Ley del Deporte. Forma parte de una ofensiva mucho más amplia para obstaculizar las transferencias o los avances en el autogobierno, como ocurrió con su rechazo al traspaso del IMV o al de Tráfico en Nafarroa.