Casi una semana después del regreso de Carles Puigdemont a Catalunya y su nueva huida a Waterloo, el operativo policial fallido para la detención y los detalles sobre su rocambolesca y fugaz aparición y desaparición siguen siendo pasto para todo tipo de especulaciones y reacciones políticas y judiciales. Un nuevo capítulo se escribió ayer con las explicaciones enviadas por el Ministerio del Interior español al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, después de que este le apremiara a que aclarase el papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional a la hora de hacer efectiva la orden de búsqueda y captura que pesa sobre el expresident de la Generalitat. 

También reclamó explicaciones a la Conselleria de Interior del Govern sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra antes, durante y después de la presencia de Puigdemont en Catalunya. La policía catalana y sus responsables políticos reconocieron el pasado domingo que fracasaron en el intento de arrestar a Puigdemont porque no se esperaban que actuara como lo hizo.

En el informe remitido ayer por el Ministerio del Interior para dar cuenta del dispositivo policial dispuesto para la detección en la frontera con Francia y en el conjunto de Catalunya y en las inmediaciones del Parlament con motivo del pleno de investidura, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura que activó sus servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil, pero una vez que Puigdemont se había fugado. Es decir, se activaron cuando ya se había esfumado.

Huida a Waterloo

Interior sostiene que ofreció a los Mossos apoyo operativo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil para la detención, pero que la policía catalana no requirió “tales apoyos más allá de los habituales”. Así admite que solo activó los “recursos operativos y de inteligencia extraordinarios” de ambos cuerpos “una vez conocida la fuga de Puigdemont”. El papel de los servicios de inteligencia español (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa, sigue siendo una incógnita ya que la ministra del ramo no ha salido a dar explicaciones sobre su actuación en relación al regreso a Catalunya y huida a Waterloo, máxime cuando el propio Puigdemont anunció el fin de semana anterior que estaría en Barcelona el 8 de agosto para acudir al pleno de investidura de Illa, dar sus explicaciones políticas sobre el nombramiento y votar. Finalmente, el líder de Junts pudo llevar a cabo lo anunciado, salvo su participación y presencia en el pleno de investidura.

Interior no reconoce expresamente el fracaso en su obligación de capturar a Puigdemont, pero sí lo hace entre líneas. “En los dispositivos de control y vigilancia establecidos en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en ningún momento y hasta ahora la presencia del prófugo Carles Puigdemont”. Es decir, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no vieron al diputado de Junts ni entrar ni salir de Catalunya.

Fronteras y Schengen

El Ministerio de Marlaska se escuda en el reglamento de Schengen para justificar que Puigdemont se haya podido escabullir entre los controles fronterizos de las fuerzas de seguridad españolas. 

El documento remitido al juez Llarena recuerda que la libre circulación de personas por los países que conforman el espacio Schengen impidió que se reforzaran los controles fronterizos y, por tanto, que se pudiera garantizar una “impermeabilidad absoluta”, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento”. El endurecimiento puede aplicarse pero como una “medida de último recurso” ante una amenaza grave de la seguridad interior o por alteración del orden público, y así se hizo con motivo del coronavirus o con la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, pero el ministerio subraya que la obligatoriedad de detener a Puigdemont no es un supuesto para incrementar los controles en las fronteras.

El Ministerio despacha su actuación en la frontera con Francia, por donde probablemente entró y salió el expresidente catalán, tal y como el número dos de Junts Jordi Turull ha asegurado en los últimos días, señalando que “no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”.

El Ministerio del Interior subraya que, una vez dentro de Catalunya, la competencia para la detención era de los Mossos, y la policía catalana informó del dispositivo que había diseñado. Según el informe trasladado al Supremo, se ofreció apoyo operativo de la policía española y la Guardia Civil, “sin que fueran requeridos más allá de los efectivos habituales que se prestan a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”. 

Tras la huida de Puigdemont

Según el departamento de Marlaska, dada la competencia y capacidades operativas de los Mossos “como policía integral en Catalunya en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa”, la Policía Nacional y la Guardia Civil no realizaron “operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura”.

Cuando supo que Puigdemont había vuelto a huir, Interior dio instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil para activar “los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizarle y detenerle”. Se reforzó la vigilancia de puertos y aeropuertos en Catalunya y hasta las 24 horas del pasado sábado se establecieron dispositivos operativos en algunas vías, sobre todo las próximas a la frontera con Francia.