El Gobierno vasco ha buscado "el mayor acuerdo posible" para el Decreto de normalización del euskera

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde ha asistido a la entrega de los premios Lauxeta, Zupiria ha precisado que el proyecto está "siguiendo su procedimiento interno" en el seno del Ejecutivo y "ahora necesita la última palabra, que es la del órgano que decide si jurídicamente está bien construido el decreto (el COJUE), antes de su aprobación en Consejo de Gobierno, para lo que todavía quedan unos meses".

En todo caso, ha confiado en que "por supuesto" se podrá dar antes de que finalice la actual legislatura la aprobación de este Decreto que, según ha precisado, es "resultado de una petición que el Parlamento Vasco planteó hace cuatro años" y viene a sustituir el Decreto de 1997 sobre normalización del uso del euskera.

Así, ha subrayado, tras ser preguntado si se ha diseñado en respuesta a las últimas resoluciones judiciales contrarias a normas relacionadas con el euskera en la administración, que el nuevo Decreto "no tiene absolutamente nada que ver ni con la ley Municipal ni con los decretos posteriores".

Respecto a la posibilidad de que pueda también ser recurrido, ha confiado en que "tengamos la habilidad de elaborar un buen Decreto que, como el decreto que aprobamos para esta cuestión en 1997, tenga todas las garantías jurídicas y pueda desarrollarse con normalidad en las próximas décadas".

El consejero de Cultura y Política Lingüística ha valorado que, aunque "el proceso de normalización lingüística de la Administración arrancó antes, adquirió una importancia especial a partir del Decreto de 1997", que ha servido para que "todo el Gobierno vasco y todos los trabajadores que dependen directamente del Gobierno vasco hayan entrado en un proceso de normalización".

De este modo, ha remarcado que se pasado de contar con "una Administración en la que el 30% de sus trabajadores tenía una capacidad lingüística" a que, en la actualidad, "ocho de cada 10 trabajadores tienen un nivel lingüístico acreditado".

"Y esto ha pasado en todas las áreas del gobierno, ha pasado también en las diputaciones, ha pasado también en los ayuntamientos, y ahora se va a extender también a sociedades públicas, fundaciones y otro tipo de entidades públicas", ha precisado.

Según ha explicado, después será cada institución, en el nivel que le corresponde, quien establezca "su propio plan lingüístico, las necesidades de conocimiento de la euskera que tengan que tener sus trabajadores, los plazos de exigencia para su cumplimiento y, si el proceso anterior ha durado 30 años, en este no tardará menos que eso y se hará con la flexibilidad con la que se han hecho siempre estos procesos en la Administración pública vasca".

Entre los "pasos principales" con respecto al Decreto del 1997, Zupiria ha señalado que "abarca más ámbitos", dado que "antes solo se refería a los funcionarios que directamente dependen de los poderes públicos, ahora también incluirá a trabajadores de fundaciones y otro tipo de entidades públicas".

Además, ha valorado que "de cara al futuro, el mayor objetivo que se plantea este nuevo Decreto es el de fomentar el uso de la euskera, seguir ampliando el conocimiento de la lengua, pero sobre todo impulsarlo", para lo que se establecerán nuevos tipos de perfiles lingüísticos.   

POSICIÓN CONTRARIA

El consejero ha precisado que el proyecto de Decreto es "un texto acordado" entre los consejeros del PNV y los del PSE-EE y "afecta a los grupos en los que se organiza el Gobierno" y, cuestionado por el hecho de que el texto esté firmado por algunos consejeros, ha apuntado que los decretos del Gobierno se firman por el lehendakari y los consejeros de las áreas que participan en su elaboración y, en este caso, "afecta a cinco o seis departamentos y son los responsables de esas áreas quienes lo firman junto con el lehendakari".

"No tiene ninguna otra lectura. Es así de normal", ha manifestado Bingen Zupiria, que ha señalado, además, que para su elaboración se ha hablado "con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco", se han escuchado las propuestas y se han incorporado al texto las que "han parecido que tienen que ver con el sentido que le hemos dado a este nuevo Decreto".

No obstante, ha admitido que "es muy probable que, como sucede casi siempre, quienes no han participado directamente en su evaluación y en su elaboración muestren una posición contraria".

Así, ha indicado que se ha negociado con los cuatro sindicatos principales de la Administración vasca y "lo más probable es que ninguno de ellos apoye este Decreto, porque representan puntos de vista diferentes, antagónicos entre ellos, y ninguno verá reflejadas sus propuestas al 100%".

"Pero esto pasa siempre con los textos normativos, y el esfuerzo que hemos hecho es el de alcanzar el mayor acuerdo posible con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía", ha concluido.