El Gobierno vasco "acatará" la sentencia del Tribunal Supremo contra la ampliación del 'pasaporte covid' a la hostelería decretada en Euskadi en las navidades de 2021, si bien considera que los efectos prácticos de esta resolución serán "nulos", según ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido de esta forma a la decisión del Tribunal Supremo de desestimar un recurso del Ejecutivo autonómico contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló la referida ampliación del 'pasaporte covid' a la hostelería.

El portavoz del Gobierno ha recordado que contra esta resolución del Supremo no cabe recurso, por lo que la "única" opción que tiene el Ejecutivo es "acatarla". "Finalizada la vía judicial, queda definitivamente anulada aquella decisión que adoptó en su día el Gobierno", ha añadido.

Zupiria, en todo caso, ha recordado que la decisión adoptada en su día por el Gobierno vasco se tomó en un contexto de pandemia en el que en toda Europa se estableció como condición para poder viajar de uno a otro estado la acreditación de haber recibido la vacuna contra el coronavirus a través de lo que se denominó 'pasaporte covid'.   

SITUACIÓN EN OTRAS AUTONOMÍAS

Respecto a la decisión de ampliar la exigencia de esta acreditación para poder acceder a locales hosteleros, ha subrayado que el Gobierno vasco dio aquel paso "fijándose en lo que otras comunidades autónomas estaban haciendo y fijándose también en los pronunciamientos que tribunales de justicia de otras comunidades autónomas estaban haciendo".

De esa forma, ha recordado que "la decisión de exigir el certificado covid para acceder a lugares donde se celebraban espectáculos o actividades culturales, se adoptó también en otros lugares". Zupiria ha añadido, además, que aquella medida se implantó para "contar con una herramienta más para hacer frente a la pandemia".

En todo caso, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a través de su sala Contenciosa-Administrativa, "decidió desde el primer momento impedir la aplicación de esa decisión", y aceptó la solicitud de medidas cautelares contra aquella orden.

Con posterioridad --ha destacado-- el TSJPV se pronunció jurídicamente "diciendo que el Gobierno vasco no había justificado adecuadamente" la adopción de una medida de este tipo.   

"MUY POCOS EXPEDIENTES"

Zupiria ha añadido que "ahora el Tribunal Supremo no ha entrado al fondo de la cuestión", dado que ha considerado que "no tendría ninguna utilidad porque estamos viviendo otra situación". El portavoz del Gobierno vasco ha asumido que la medida "queda anulada con todas las de la ley".

En todo caso, ha afirmado que al tratarse de una decisión que fue cautelarmente suspendida a los pocos días de su aprobación, los efectos prácticos de la sentencia del Tribunal Supremo son "nulos".

"La aplicación de esa exigencia tuvo una vigencia de muy pocos días, fueron muy pocos los expedientes administrativos que se abrieron; la mayor parte de ellos quedaron liquidados y suspendidos; las personas que sufrieron las pocas multas que se pusieron como consecuencia de esa decisión han recuperado esas multas; y los procesos administrativos están finalizados y liquidados", ha argumentado.