La sesión de investidura de Pedro Sánchez se celebrará los próximos días 15 y 16 de noviembre, según fuentes gubernamentales. Pese a que el PSOE no ha cerrado todavía un acuerdo con el PNV, clave para que la investidura salga adelante, el pacto con Junts anunciado este jueves ha acelerado la fecha para investir al líder socialista.
La comunicación oficial de la fecha la deberá hacer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras hablar con el jefe del Ejecutivo español en funciones, pero fuentes del PSOE apuntan al miércoles y jueves de la próxima semana,
Pero antes los socialistas deben conseguir el apoyo de los diputados del PNV, ya que es el único partido de los que necesita Sánchez su sí que no ha comunicado públicamente su voto.
Tras presentar el acuerdo que ha firmado con Junts, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comentado en rueda de prensa que si el pacto con el PNV no se ha cerrado ya, "estará a punto de cerrarse".
Pacto con Junts
El acuerdo de Junts con el PSOE incluye una ley de amnistía para los implicados en el procés y que además admite casos de 'lawfare', según recoge el texto al que ha tenido acceso Europa Press, una expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos. Además, señala que se van a crear comisiones de investigación que pueden derivar en responsabilidades o cambios legislativos.
"Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", señala el acuerdo firmado por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Ambas partes consideran que la ley de amnistía procurará "plena normalidad política, institucional y social", lo que a su juicio supone un requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato, tal como recoge el texto.
Judicialización de la política
Asimismo señalan que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación y las conclusiones a las que lleguen se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política".
Además, señalan que estas presuntas acciones de uso de las instituciones judiciales contra adversarios políticos o guerra judicial, pueden producir consecuencias que "en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", según indica el texto.
Esta es una exigencia de Junts que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás o el colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont, José Luis Alay o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, todos ellos encausados en delitos distintos al proceso independentista.
En una rueda de prensa desde Bruselas para explicar el pacto, Cerdán ha explicado este mismo jueves que la amnistía abarca a personas que han estado relacionadas con el procès desde sus inicios en 2012 hasta este miércoles 8 noviembre, aunque serán los jueces los que decidirán quienes se ven beneficiados.
Además, ha explicado que la proposición de ley se pasará a todos los grupos para que lo revisen y lo firmen si así les parece. "A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", ha explicado el 'número tres' del PSOE.
