El exconseller Miquel Buch ha negado hoy que fichara de asesor al sargento de los Mossos Lluís E. para que siguiera escoltando al expresidente Carles Puigdemont tras el 155, si bien la Fiscalía ha mantenido su petición de seis años de cárcel al concluir que la política no puede ser un "comodín de impunidad".
En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio en que la Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación al exconseller de Interior y 4 años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación a Lluís E., al concluir que se le fichó como asesor en 2018 para que, tras decretar el Gobierno español el 155 en Cataluña, ejerciera funciones de protección del "procesado rebelde" Carles Puigdemont.
En el último día del juicio, Buch (JxCat) ha alegado que "en ningún caso" el nombramiento de Lluís E. como asesor tiene que ver con la seguridad de Puigdemont y ha negado "rotundamente" que hablara con el expresidente sobre su servicio de escoltas, pese a que entiende que es una "prerrogativa legal" que le corresponde en aplicación de la ley de expresidentes.
Buch ha indicado que desde que Puigdemont solicitó en 2018 al Govern de Quim Torra que se activaran sus prerrogativas como expresidente se han aplicado todas "sin problemas", menos la de la seguridad, que no se ha activado.
Cuando el Ministerio de Interior rechazó la autorización que había solicitado la Generalitat para que los Mossos escoltasen a Puigdemont fuera de España tras el 155, Buch aprovechó alguna conversación con el ministro Fernando Grande-Marlaska para insistir que se trataba de una "prerrogativa legal".
No obstante, ha desvinculado el fichaje como asesor de Lluís E. con la seguridad del expresidente y ha resaltado que era un asesor que debía estar disponible para ayudarle, pero no le preguntó dónde iba de viaje ni vio sus mensajes en redes acompañando a Puigdemont.
Por su parte, Lluís E. ha afirmado que durante el 155 acompañó a Puigdemont cuando se fue de España -enlazando días de fiesta y bajas laborales- porque era un "honor" para él "ayudarle", ha defendido su labor como asesor una vez le nombró Buch y ha negado que aprovechara este cargo para hacer de escolta del expresident: "ni me lo pidieron ni lo podría haber hecho".
Por contra, el teniente fiscal Pedro Ariche ha mantenido su petición inicial para ambos, por los delitos de malversación agravada y de prevaricación, al concluir que el nombramiento del asesor fue "arbitrario" para lograr, por la "vía de hecho", que el sargento hiciera labores de protección, custodia, vigilancia y acompañamiento del expresidente a cargo de los fondos públicos.
El fiscal ha resaltado que Buch estaba sometido al "imperio de la ley" y que hacer política "no puede ser un comodín de impunidad", mientras que el sargento Lluís E. tendría que haber mantenido una conducta "ejemplar", pero ambos causaron un "daño reputacional" a los Mossos.
El fiscal ha precisado que no se persigue a Lluís E. por haber acompañado a Puigdemont fuera de España -cuando aún no pesaba sobre él ninguna orden de búsqueda y captura-, ni por hacer labores de acompañamiento del expresidente, sino por formar parte del servicio de vigilancia del expresidente tras su fichaje como asesor.
Lo que se está juzgando es, según el fiscal, que se acudiera a la "vía de hecho" y se "quebrara la legalidad" para que una administración que forma parte del Estado destinara fondos públicos para dar protección a Puigdemont, perseguido judicialmente.
Si la Genaralitat creía que Puigdemont tenía derecho al servicio de escoltas, tendría que haber recurrido a los tribunales la negativa del Gobierno español a su autorización, en vez de optar por la "vía de hecho", según el fiscal.
Ariche ha precisado que aunque los informes que presentó Lluís E. a Buch hubiesen sido numerosos, correctos y técnicos, en vez de los 14 textos básicos que constan en la causa, la acusación sería la misma, porque no se le imputa no hacer bien su labor de asesor sino porque se destinaran fondos públicos a la vigilancia de Puigdemont.
