El Gobierno español ha dejado pasar dos trenes sin blindar la singularidad de las cooperativas vascas. No lo hizo durante la modificación del régimen de autónomos y la reforma de las pensiones. Pero ahora va a pasar un tercer tren al que sí parece que va a engancharse ante la presión del PNV, del Gobierno vasco y del propio sector para tapar un agujero que afecta a 135.000 personas en Euskadi. Según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, la Ley estatal de Economía Social, que actualiza la Ley de Cooperativas y que fue aprobada como anteproyecto en Consejo de Ministros el pasado mes de abril, se perfila como la percha para resolverlo. Se trata de introducir en el corpus legislativo la singularidad de las cooperativas, que afecta al sistema de cotización de sus trabajadores (para que coticen solo por el sueldo que reciben por su trabajo, y no por los rendimientos del capital inmobiliario), y a las aportaciones que realizan a las EPSV para tener un colchón el día de su jubilación.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya había anunciado hace unos días que espera dejar resuelto este asunto en junio. El propio Gobierno vasco ha presentado alegaciones a esta ley. La vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, reivindicaba la semana pasada un tratamiento específico para los rendimientos de las personas cooperativistas y para los sistemas de prestaciones sociales alternativos o complementarios a las pensiones de la Seguridad Social.
Esteban ha intentado blindar el “modelo de éxito” de las cooperativas siempre que se ha presentado la ocasión en el Congreso de los Diputados, actuando como la gota malaya, y el Estado, incluso, se había comprometido a actuar, pero nunca lo llegó a concretar, tampoco en la última reforma de las pensiones a pesar de que el PNV volvió a apretar por ese flanco.
La modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA, se llevó a cabo sin tener en cuenta la singularidad en materia de cotización. El nuevo RETA obliga a cotizar por los ingresos reales, y aboca a cotizar por los rendimientos del capital inmobiliario porque no tiene en cuenta las características específicas de los cooperativistas y solo recoge el régimen de los autónomos.
La Ley de Economía Social depende del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, un departamento con quien el PNV tuvo sus más y sus menos durante la tramitación de la reforma laboral porque no blindó la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, aunque los jeltzales sí le han reconocido en general una mayor disposición al diálogo que otros ministerios dentro del espectro de Unidas Podemos.
