“Se está ocupando el espacio de la legislación autonómica; lo veo como un Estado okupa”

No sé si es conflictividad, pero el Gobierno español está entendiendo las cosas de manera bien diferente a nosotros. Hay áreas en las que el Estado puede tener una competencia para legislar hasta determinado punto, pero hay otras en las que no. Se está dando una utilización masiva y expansiva del artículo 149.1, de títulos competenciales del Estado, para que las leyes sean para todos por igual. Esto choca directamente con un Estado de Autonomías, donde la propia Constitución nos establece una organización territorial y nos dice que los diferentes Estatutos de Autonomía establecen cuáles son las competencias que a cada uno le corresponden. Si hay materias que corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas es para gobernar desde el conocimiento, desde la cercanía, desde la capacidad de exigencia directa de responsabilidades. No se puede admitir una uniformización de todas las materias al albur de un principio de igualdad.

¿Le ha trasladado esta preocupación personalmente a la ministra de Política Territorial?

Sí. Hay una pulsión recentralizadora. Le he trasladado esta preocupación en varias ocasiones, tanto cuando he tenido ocasión de hablar con ella, como también por escrito y públicamente. El Estado entra a regular donde no existe normativa como si el título competencial fuera suyo e, incluso en las materias que son competencia de la comunidad autónoma, entra a un desarrollo tan reglamentario que nos relega a la simple ejecución pura y dura. Yo hablaba de la Ley de Familias, de Servicios Sociales... Yo lo veo como si el Estado fuera un Estado okupa, que ocupa el espacio que nosotros no hemos normado, pero que también ocupa el espacio en el que hasta ahora teníamos regulaciones y ofrecíamos nuestros servicios públicos. Este no es el orden constitucional establecido ni es el espíritu del pacto estatutario. Por un lado, están esas nuevas normas que el Estado aprovecha para establecer esos mínimos o ese detalle que todas las comunidades tienen que cumplir, tengan o no esas competencias. Por otro lado, está la vigilancia, la tutela sobre las normas del Parlamento Vasco. Es constante el toque de atención del Estado y nos obliga a llegar a acuerdos. Esa pulsión se está extendiendo. 

¿Cuándo fue la última vez que hablaron la ministra y usted?

Fue por escrito, y le envié el último escrito el 30 de marzo.

¿Se ha roto la confianza con Isabel Rodríguez, quien a pesar de ser ministra de Política Territorial restó relevancia al reparto competencial en la Ley de Vivienda?

La verdad es que me llama muchísimo la atención que una ministra de Política Territorial, mi interlocutora en esta materia, precisamente sea la que realice algunas declaraciones, entiendo que dentro del contexto electoral. Se le presupone un conocimiento suficiente del entramado constitucional y las competencias. Espero que sean unas declaraciones desafortunadas, pero de alguna manera ningunean el autogobierno. Tanto la ministra como yo estamos obligadas a sentarnos y a negociar por el pacto estatutario, por ley y también por nuestras responsabilidades de gobierno y porque así lo demanda la sociedad.

“Ha habido un viraje en el Gobierno español. Parece que vamos por la senda de la antipolítica territorial”

Dice que el Estado utiliza el artículo 149 de la Constitución, sobre la igualdad y la planificación económica, para uniformizar a las comunidades. El Tribunal Constitucional ha dicho que ese artículo no se puede utilizar para todo, para laminar las diferencias entre autonomías. ¿Esa jurisprudencia del TC y el artículo 10.31 del Estatuto, que otorga la competencia exclusiva en vivienda a Euskadi, son los dos enganches que se están poniendo sobre la mesa para un eventual recurso contra la Ley de Vivienda de Sánchez?

La Ley de Vivienda todavía no se ha aprobado, y eso es importante: el análisis jurídico se realiza una vez conocida con precisión la norma. Hay atisbos en la norma, como el artículo 18, que habla de las zonas tensionadas, que si bien dice que corresponde a las administraciones autonómicas, acto seguido detalla una serie de contenidos que tienen que tener las zonas tensionadas. De alguna manera, te está diciendo que tienes capacidad, pero en estos términos. Puede haber otros apartados ligados a la propiedad, el enjuiciamiento civil y los contratos que sí son competencia exclusiva del Estado y que, por lo tanto, puede regularlos, y podría haberlo hecho a través de cualquier otra norma de arrendamientos urbanos o enjuiciamiento civil sin intentar abordar toda la materia de vivienda. En cualquier caso, esto se presta a un análisis en profundidad, y sin olvidar la clave de bóveda: este país, esta comunidad, lleva desarrollando políticas públicas de vivienda durante muchos años. No hace falta que nos vengan a decir cómo tenemos que desarrollarlas.

Parece que el Gobierno vasco está abocado a recurrir al TC porque, si no lo hace, podría parecer que le da la razón a EH Bildu y que no había invasión competencial…

Como consejera, intento ver más allá de las posiciones de los partidos, y el análisis tiene que ser exclusiva y estrictamente técnico jurídico.

PNV y PSE han pactado un procedimiento sobre la Ley de Vivienda: primero, acometer el análisis jurídico ordinario para detectar invasiones competenciales, y posteriormente, un informe de la consejería de Arriola para detectar las medidas complementarias que sí pueden aplicarse en Euskadi. Pero, si en primer lugar se produce esa criba jurídica, ¿podría darse el caso de que no haya que aplicar nada de esa ley, o buena parte de ella?

Lo que se aprobó en el Parlamento es la posibilidad que existe con carácter ordinario, el análisis competencial que se hace con todas las normas y, a su vez, que el departamento competente en materia de Vivienda pueda analizar qué otras medidas puede haber en esa norma que puedan ser aplicadas en nuestra comunidad autónoma. Veremos cuando se apruebe esa norma qué es lo que deviene de todo ese análisis.

El PSE, antes de que se produzca ese análisis, parece que da por hecho que se van a aplicar las zonas tensionadas, porque el consejero Arriola, en el Plan Vasco de Estadística, va a introducir indicadores para identificar esas zonas. ¿No está dando ya por hecho el PSE que eso se va a aplicar? ¿Lo da por hecho el conjunto del Gobierno?

El conjunto del Gobierno lo que da por hecho y lo que trata es de actuar con normalidad en este tema, como en el resto. Se aprobará la norma en el Estado, se aplicará en la medida en que se tenga que aplicar, y también se analizará si realmente esa norma es o no aplicable en este país y si tiene que ser recurrida o no. Tenemos que esperar a los análisis ordinarios.

“Tenemos un programa de gobierno con el PSE que lo pone claramente: más y mejor autogobierno”

¿Esta dinámica se la esperaba en un Gobierno del PSOE y de Podemos, que tenían una sensibilidad mayor con la plurinacionalidad?

Yo no me lo espero de nadie, independientemente de las siglas políticas. Estamos en un entorno pactado, con un Estatuto que se aprobó en 1979, y en un Estado de las Autonomías, y esté quien esté gobernando en Madrid ha de respetarlo. No vamos a admitir que haya recortes en el autogobierno ni que se intente no avanzar. Nosotros tenemos un programa de gobierno, en coalición con el PSE, que lo pone claramente: más y mejor autogobierno.

“Yo también creo que prima el bienestar ciudadano, pero lo tiene que ejecutar quien esté legitimado para ello”

El Gobierno español niega haber dado una orden política para detener las transferencias o para dar vía libre a las invasiones de competencias pero, si se recurre a la hemeroteca, Sánchez ha pasado de defender el Estado plurinacional, a restar relevancia a quién tiene la competencia a la hora de elaborar leyes. ¿Usted sí detecta el cambio de posición que niega el Estado? 

Desconozco si ha habido una orden, pero lo que sí puedo hacer es interpretar la realidad. A los hechos me remito. El Gobierno de Sánchez ha hablado en ocasiones de plurinacionalidad, pero lo que estamos viendo ahora no es el reflejo de eso para nada. Ahora se habla de que las competencias no importan. También me parece que lo que prima es el bienestar de la ciudadanía, pero lo debe ejecutar quien legítimamente está llamado a ello. Por el autogobierno, estamos legítimamente llamados a ello. Las últimas declaraciones son más que preocupantes, porque se está ninguneando el pacto estatutario. Sí ha habido un viraje en este sentido. En vez de por la senda de la política territorial, parece que vamos por la senda de la antipolítica territorial.

La situación se remonta a la última remodelación del Gobierno de Sánchez. Miquel Iceta fue sustituido al frente del Ministerio por Isabel Rodríguez, quien es portavoz y está al mando de varios frentes que dificultan que pueda poner la prioridad en la negociación competencial. ¿Desde el relevo de Iceta se ha querido trazar otro camino con otras prioridades?

No quisiera personalizar, porque en definitiva creo que la responsabilidad es del Gobierno del Estado. Sí que es cierto que, miramos atrás, y vemos cuándo y con quién se han conseguido los acuerdos, y últimamente hay poco o nada de actividad.

¿Qué margen de presión les queda a su consejería o al PNV si en el Congreso de los Diputados EH Bildu y ERC están dando cobertura a estas actuaciones del Gobierno español?

No puedo hablar por el partido. Puedo hablar como consejera, y las medidas que tenemos son el análisis técnico jurídico, recurrir al Constitucional, y hablar. Nos queda defender el Estatuto con uñas y dientes.

“Nos da cierta sensación de indefensión que el último recurso que tenemos sea recurrir al Constitucional”

¿Hay margen para reflotar la Ponencia del nuevo estatus en el Parlamento Vasco? Se habló de blindar las competencias para que no se produjera esa recentralización…

Nos da cierta sensación de indefensión que el último recurso al que podamos acudir en defensa de nuestro autogobierno sea ese Tribunal Constitucional, en el que hay unos intereses partidistas que hacen difícil defender en paridad o equilibrio los intereses de nuestra comunidad. Por tanto, sí que es muy importante que no perdamos de vista esa necesidad, y a la sede parlamentaria le corresponderá abordar o no ese nuevo Estatuto, que pudiera blindar esas competencias y establecer un mecanismo de garantías y bilateralidad.

“Está cerca el acuerdo para reactivar la Comisión del desarrollo del Estatuto”

No hay novedades en el traspaso de Cercanías. ¿El Gobierno español ha dado la orden de parar, o es coyuntural por los relevos del Ministerio de Transportes?

Es cierto que ha habido relevos y que eso ralentiza pero, cuando hay voluntad de trabajar, se pone todo encima de la mesa. Seguimos trabajando en la transferencia, no la tenemos paralizada, pero tenemos que arrancar la documentación a la administración del Estado. Nos está costando mucho. Por estar en un momento electoral, no vamos a asumir un traspaso en condiciones que para nosotros no sean las idóneas. No vamos a regatear. Queremos que el traspaso sea en plenas condiciones para que luego podamos mejorar todos estos trenes de Cercanías.

¿Llegaron a cerrar qué líneas corresponden a Euskadi, incluidas las de Karrantza y todas las que salen de la CAV, y si corresponden a Euskadi las infraestructuras?

Son puntos que hemos ido avanzando y todavía tenemos por cerrar algunos aspectos. Y nos falta documentación importante, relativa a las personas y los materiales rodantes.

¿Se ha activado el grupo de trabajo sobre la transferencia de migración con el Gobierno español?

Ha habido alguna reunión, sí. En la última ocasión en la que hablé con el ministro Escrivá, me decía que un cambio en un titular del Ministero estaba demorando las cosas. Si los tiempos no van acompasados con los nuestros, es porque quizás no hay suficiente impulso y voluntad.

“Con independencia de que formalicemos la comisión, lo importante es creer en ella y dotarla de contenidos”

Ustedes han propuesto una Comisión Permanente para abordar el proceso de transferencias y su metodología, o hacerlo reactivando la Comisión Bilateral de Cooperación. La vicepresidenta Calviño dijo que el Gobierno español está dispuesto a reactivarla y renovarla. ¿Se ha concretado en algo?

Llevamos tiempo hablando de este tema con el Ministerio. Nosotros lo intentamos reactivar desde el momento en que el lehendakari, en el pleno de política general de septiembre, trasladó esto al presidente del Gobierno español. En ese momento, enviamos una propuesta para la reactivación de este foro, con una propuesta de nuevo reglamento, lo hemos ido trabajando, y desde septiembre han pasado ya bastantes meses. Los tiempos se ralentizan muchísimo en la administración del Estado. Sí es cierto que lo tenemos ya muy avanzado. Puede ser que en breve se haga realidad esa comisión. Estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre esa Comisión Bilateral pero, independientemente de que formalicemos la comisión, lo importante es que se la dote de contenidos, que creamos en la comisión, que sirva para que se pueda desarrollar el Estatuto de Autonomía en su integridad, para que nos sentemos a negociar. Más allá del formalismo, nos la tenemos que creer.

¿Han hablado con el Estado sobre la presencia de Euskadi en Europa, en órganos como el Ecofin que reúne a los ministros de Finanzas?

No. He remitido algún escrito, y he intentado activar este tema, pero no ha habido novedades. Sánchez va a presidir el Consejo de la Unión Europea, y espero que se haga eco. 

El PP le ha pedido cambios legales para que no se repitan casos como el de Alfonso Arriola, condenado del ‘caso De Miguel’ que mantiene su puesto por ser funcionario. Usted decía que siempre hay margen de mejora. ¿Está anticipando un desarrollo reglamentario?

Me gustaría diferenciar planos absolutamente diferentes. En el caso Miñano existen sentencias, y la administración lo único que tiene que hacer y ya ha hecho es ejecutarlas. Otro tema diferente son las tan recurrentes puertas giratorias. Lo que la ley nos prohíbe es pasar a ejercer una actividad privada cuando exista una relación directa con el cargo, para que no se pueda aprovechar uno de haber estado en un cargo público para entrar en la empresa privada. Esos casos no se han advertido, hasta ahora, por un órgano que no es esta consejera ni el Gobierno a nivel político. Es el Servicio de Registro de Personal, formado por funcionarios. Se decidió por ley.

Sobre la Comisión de Ética Pública, la que sí preside usted, la oposición pide un órgano independiente, porque ahora son ustedes controlándose a ustedes mismos.

-La Comisión la forman dos altos cargos de la administración, uno de ellos la presidenta, que soy yo, y otro el viceconsejero de Función Pública; y otras dos personas que son expertas de prestigio. Hay un secretario que es un alto cargo de la administración, pero no tiene voto. Esto quiere decir que son dos personas independientes y dos de la administración en lo que a voto se refiere. Y todos los acuerdos los hemos adoptado por consenso.