El autogobierno vasco comienza a parecerse al protagonista de una película angustiosa, atrapado en una habitación mientras el techo comienza a moverse y a bajar cada vez más, con el riesgo de acabar pulverizado. A juzgar por las voces de alarma del PNV, en esta película, el que pulsa el botón para hacer descender el techo del autogobierno es el Estado, no solo por las leyes españolas que supondrían una invasión competencial como la de Vivienda, la de Familias o las que están por venir en materia de servicios sociales y otros ámbitos, sino también porque no se acaban de transferir las materias que tendría que gestionar la comunidad autónoma en virtud del Estatuto de Gernika. En ese sentido, el miércoles de la próxima semana se cumplen dos años desde que se pactó un paquete de traspasos recogido en el calendario aprobado por el propio Consejo de Ministros, es decir, el cronograma que regulaba la negociación con los tiempos y el nivel de prioridad que decidió el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, no Euskadi.
Esto supone que, desde que la Comisión Mixta de Transferencias se reunió en Bilbao el 10 de mayo de 2021 para firmar los traspasos de la gestión de Prisiones, el transporte por carretera, el código bibliográfico ISSN y el edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa, no se ha firmado ni una sola materia más del calendario aunque queden 27 pendientes. En marzo del año pasado se acordó el Ingreso Mínimo Vital, pero no formaba parte de esa lista porque fue una ayuda social de nueva creación en el Estado. En estos momentos, solo se negocian las líneas de tren de Cercanías. También ha habido contactos preliminares sobre las autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes, pero no se ha llegado a constituir el grupo de trabajo del traspaso.
En paralelo, las declaraciones de varios ministros que restan importancia al reparto competencial a la hora de redactar leyes o marcan perfil social frente a “debates identitarios” parecen apuntar que las prioridades de Sánchez no pasan por esta clase de negociaciones. El PNV ha dejado constar su malestar porque, por un lado, Euskadi no gestiona todas las competencias que debería en virtud del Estatuto, que es ley y, por otro, las que gestiona se tratan de devaluar con normas estatales. Sánchez enfada al PNV aunque es su socio de investidura.
Más allá de las dificultades técnicas o de una coyuntura que no ha ayudado (la pandemia primero y la guerra en Ucrania después han actuado como un agujero negro que ha engullido el resto de prioridades), el Estado ya comenzó hace unos meses a poner en duda la viabilidad de los propios traspasos, con el argumento de que el Estatuto de Gernika es de primera generación, no ha sido reformado y, por lo tanto, no detalla el desarrollo de algunas transferencias más allá de mencionarlas, como la de litoral. Se suma a las reservas que ya había mostrado sobre las áreas que considera que son interés general o que repercuten en el resto del Estado, como los puertos y los aeropuertos.
Tampoco ha realizado ningún movimiento con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, a pesar de que la transferencia del IMV sentó un precedente y activó por primera vez la disposición transitoria quinta del Estatuto. La consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi consideró demostrado que se pueden transferir materias de la Seguridad Social sin romper la caja única. El Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa las pensiones no contributivas, como las relacionadas con los hijos o el cáncer, que no rompen la caja de las cotizaciones. Pero Moncloa sigue sin mover ficha en esta u otras materias con el argumento de que hay que armar muy bien jurídicamente los acuerdos para evitar que el PP o Vox los recurran al Tribunal Constitucional.
¿Nueva fase de Sánchez?
El Gobierno español ha descartado que esta situación sea fruto de un golpe de timón, una decisión política para aparcar los traspasos. Atribuye esta situación a las dificultades técnicas que van saliendo al paso. En cualquier caso, sí se puede apreciar un cambio de prioridades en el discurso del presidente Sánchez, quien en un primer momento tomó la bandera del Estado autonómico (en 2019, reivindicó las transferencias y un modelo “puesto en cuestión por la derecha y la ultraderecha”), pero ahora prioriza la economía y la agenda social para confrontar con PP, Vox y los poderes económicos, incluso añadiendo un toque de épica, como sucedió cuando avisó de que no lo quebrarán.
El caso es que la legislatura ya exhala sus últimos suspiros, queda cerca de medio año para las elecciones generales de diciembre, y la prioridad parece pasar por los anuncios relacionados con la vivienda o de cariz social, no por el autogobierno. El presidente Sánchez ya despachó al PNV en la polémica sobre la Ley de Vivienda asegurando que, si los jeltzales veían invasiones competenciales, no se iban a poner de acuerdo. Así sucedió: no hubo siquiera negociación. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, decía hace unos días en un acto de campaña que el PSOE está “en las cosas del comer” y no en debates identitarios, y la propia ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, defendió que la Ley de Vivienda no invade competencias pero que, en cualquier caso, a la gente “le importa poco” dónde está la competencia.
El balance: once acuerdos
La negociación llevada a cabo hasta la fecha se ha saldado con once materias transferidas, en un cálculo que redondea por lo alto e incluye puntos que no forman parte del calendario. El primer calendario de Sánchez se remonta a enero de 2019, pero después se actualizó y, tras el pacto de investidura firmado en diciembre de ese año, pasó a incorporar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El presidente hacía gala entonces de su respaldo al autogobierno, aunque a nadie se le escapa que en este acuerdo hubo mucho de necesidad, porque precisaba los votos del PNV. Históricamente, las transferencias se han utilizado por los sucesivos gobiernos españoles como moneda de cambio y como bala en la recámara para conseguir que el PNV cediera en negociaciones clave como los Presupuestos, una tendencia que, según han insinuado los jeltzales en los últimos meses, Sánchez ha querido mantener también en esta legislatura, de ahí el bloqueo periódico de este calendario.
Durante todo el mandato de Sánchez, no solo en la última legislatura, se han transferido dos líneas de ferrocarril que además era obligatorio ceder por una sentencia del Tribunal Constitucional (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo), el tramo Armiñón-Burgos de la AP-1, la AP-68, el seguro escolar, la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, las ayudas previas a la jubilación en las empresas en ERE, la gestión de las prisiones, el transporte por carretera, el código bibliográfico ISSN, el edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa, y el IMV.
La situación de bloqueo ha llevado a una insólita ruptura del protocolo por parte de la consejera Garamendi quien, en lugar de limitarse a esperar las ofertas del Estado, ha enviado documentos de su propia cosecha para tratar de abrir la negociación sobre migración, litoral, meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. Desde la Comisión Mixta de 2021 con Garamendi y el entonces ministro de Política Territorial Miquel Iceta, el contador no se mueve. Es lo que llevó al lehendakari a solicitar una Comisión Permanente o reunir la Comisión Bilateral de Cooperación como órgano estable para abordar el proceso.
