La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que ordene repetir el juicio tras el que fue absuelto el exconseller de Empresa catalán Roger Torrent y los miembros soberanistas de la Mesa que presidió en el Parlament, acusados de desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones soberanistas.
En su escrito, el fiscal del Supremo Antonio Pablo Rives pide la anulación y repetición del juicio contra Torrent y los exdiputados Adriana Delgado, de ERC, y Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, de Junts, a quienes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) absolvió al entender que las resoluciones que tramitaron no tenían "continuidad" con el proceso "unilateral" de independencia iniciado en 2015.
El ministerio público considera que la sentencia es "producto de una interpretación absolutamente arbitraria, alejada del canon constitucional" y recalca que el mandato del Constitucional a la Mesa de Torrent era "claro", igual que la "voluntad" de sus miembros de "contrariar" sus resoluciones.
El recurso, que se apoya en el voto particular de la magistrada Marta Pesqueira -favorable a condenar a los procesados-, sostiene que el razonamiento de la sentencia está "absolutamente falto de fundamento y alejado de la realidad" y, para probarlo, se remite a las propias decisiones del Tribunal Constitucional, que "ha de ser el árbitro indiscutido del litigio".
Para la Fiscalía, es el propio Constitucional el que aprecia que el Parlament había "vuelto a vulnerar el orden constitucional y estatutario" al permitir la tramitación de resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía, en octubre de 2019.
De las resoluciones tramitadas, añade el recurso, "se desprende de manera inequívoca la insistencia del Parlament de Cataluña en afirmar la soberanía del pueblo de Cataluña y la defensa del derecho a la autodeterminación".
"Se evidencia así el claro contenido del mandato del Tribunal Constitucional y la voluntad de los miembros de la Mesa del Parlament de contariarlo, lo que constituye el delito de desobediencia imputado, siendo la absolución producto de un mero decisionismo apartado de la lógica y máximas de la experiencia", mantiene el fiscal.
Por todo ello, el ministerio público considera que en este caso se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
