La estabilidad de la que se jactaba Pedro Sánchez gracias a los Presupuestos Generales del Estado ha quedado en fuera de juego en apenas días. Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de las diferentes leyes sociales, la propuesta del ministro José Luis Escrivá de ampliación del cálculo de las pensiones desde el Ministerio de Seguridad Social, así como la designación del exresponsable de Justicia, Juan Carlos Campo, como magistrado del Tribunal Constitucional (TC), han provocado una colisión sin precedentes entre los socios de coalición, con un cruce dialéctico que trasciende lo simbólico y un ambiente casi irrespirable, que sitúa en el alambre al Ejecutivo con el prisma electoral en el horizonte. Aunque la ruptura oficial se antoja inverosímil y aparcan la idea de reunir al comité de crisis, la fractura tiene pocos visos de poder ser remendada. La formación morada acusó ayer a los socialistas de bloquear sus normativas por un “cálculo electoral” que el principal partido del Ejecutivo niega echando en cara a su compañero de viaje que “busca fantasmas donde no los hay” con ánimo de victimizarse gracias a estas disputas.
“Observamos señales preocupantes de que el PSOE está inmerso en sus cálculos electorales”
La disparidad discursiva, y el choque en toda regla, se visualizó en los pronunciamientos de los respectivos portavoces, Pablo Echenique y Patxi López. El dirigente de Unidas Podemos aprecia “señales preocupantes” en el sentido de que el PSOE estaría pensando en los réditos en las urnas, tomando como ejemplo lo ocurrido con la ley trans y la de Familias como cuestiones “prominentes” de la deriva socialista. “Se equivocan si piensan que el hecho de que no salgan leyes lideradas por Podemos les da algún tipo de ventaja, porque en realidad es una desventaja para el conjunto de la ciudadanía y para el Gobierno de coalición”, suscribió para advertir de que percibe una estrategia política con el objetivo de perjudicarles. El partido que encabeza Ione Belarra censura la ausencia de explicaciones en la demora en la aprobación de la Ley de Familias, rompiendo el acuerdo para que se aprobara ayer mismo en el Consejo de Ministros, y el recurso a argumentos “espúreos” para mantener vivas las enmiendas a la normativa trans, que para Echenique implican recortes de derechos, sobre todo a los menores, con un planteamiento que podría apoyar el PP e incluso Vox. La propia Belarra culpó al ala socialista de retrasar la Ley de Familias mediante “argumentos incomprensibles”, cuando esta norma debería ser símbolo de “unidad” entre los dos socios.
“Que no busquen fantasmas donde no los hay ni llevemos todo al conmigo o contra mí”
No es el único punto de fricción en el seno del Ejecutivo, que también se ha producido por la Ley contra la Trata, la Ley de Vivienda y la derogación de la ley mordaza, entre otras materias. Podemos promete seguir dando batalla política sin ocultar su “perplejidad” por los pasos emprendidos desde el PSOE. Y aunque entienden como lógico que las controversias en determinados aspectos salgan a la esfera pública y generen debates “broncos”, perciben una dinámica diferente en el tramo final de legislatura. Eso sí, e reafirman en que el Gobierno de coalición es una conquista de Podemos y que no van a dejar el Gabinete. “Que el PSOE diga que una ley que tiene su firma no tiene seguridad jurídica me parece difícil de explicar. ¿Está el PSOE diciendo acaso que hacen leyes sin seguridad jurídica?”, cuestionó Echenique para indicar que la respuesta es no y que su posición de proseguir en sus cambios a la ley trans responde a otros motivos ocultos. “Escuchando a Carmen Calvo todo el mundo sabe la razón”, deslizó, descartando que haya un problema de interlocución sino de “voluntad política”, aunque ellos sí son partidarios de fijar una comisión de seguimiento.
“Estamos haciendo cambios que conducen a recuperar derechos y esto significa recortarlos”
Agenda legislativa
El posicionamiento de los morados no tardó en encontrar respuesta desde la bancada socialista. “Me gustaría que no lleváramos cada cosa al extremo, desde el conmigo o contra mí”, puntualizó López, quien replicó a Echenique que si fuera por cálculos políticos “lo mejor sería que esas leyes salieran adelante ya”. “Negociamos con la mejor voluntad del mundo. Todas son leyes del Gobierno y las vamos a defender, el cálculo es que salgan todas cuanto antes y cuanto mejor posible”, indicó, convencido de que se llegará a acuerdos para “poder sacarlas”. Como ejemplo, citó la Ley de Vivienda, que lleva meses varada en la Cámara baja y sobre la que, según matizó, la semana pasada “hubo avances”. Sobre la ley trans, garantizó que el PSOE no va a buscar un acuerdo con el PP orillando a sus socios de gobierno ni parlamentarios y, además, avanzó un calendario para la aprobación en Pleno antes de fin de año tanto de esta norma, como de la nueva legislación sobre el aborto, la de bienestar animal, la de empleo o la del sistema universitario. “No estamos parados, estamos en un momento de negociaciones intensas”, defendió el portavoz socialista, quien descargó en el hecho de no haber aprobado ya la nueva Ley de Familias a que hay que “pulir” asuntos competenciales.
Otra de las guerras abiertas obedece a la intención de Escrivá de reformar las pensiones extendiendo el periodo de cómputo para su cálculo, algo que UP desdeña porque recortaría algunas prestaciones como y por hacerse a espaldas de los agentes sociales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reaccionó desde México reprochando “un endurecimiento” del acceso a la jubilación”. “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos”, valoró. Asimismo, Unidas Podemos se desmarcó del nombramiento de Campo para el TC, al ser una decisión unilateral del PSOE, que calificó de “contrasentido” y un ejercicio de “puerta giratoria”. Es más, censuró que es un acto de “cinismo” por parte de su socio optar por la designación del exministro mientras se asumía el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del CGPJ, que es un órgano político y no jurisdiccional.
Interpelada la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sobre si este revuelo hace pertinente un foro que ataje la crisis, resaltó que “la tensión que mueve al Gobierno es atender las preocupaciones de la gente”, citando el precio de la luz, el coste del transporte o la subida de pensiones. Lo que crece, y mucho, es el desgarro interno.
