El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que están abiertos a hablar con todos los grupos parlamentarios sobre el anteproyecto de ley de secretos oficiales y que escucharán todas las opiniones para hacer la mejor ley posible.
"Es un debate que debemos tener en nuestro país que va a fortalecer la democracia y, por tanto, nosotros estamos abiertos a hablar con todos los grupos parlamentarios", ha afirmado Sánchez al ser preguntado por la reforma de ley de secretos oficiales en una rueda de prensa tras haber sido recibido por el rey en el Palacio de La Almudaina, en Palma, en el habitual despacho de verano.
El jefe del Ejecutivo ha recalcado que el Gobierno está comprometido con la calidad democrática y ha recordado que la ley actual data de 1968 y, por tanto, de la dictadura.
Ha subrayado que van a ser sensibles a todo lo que les digan el resto de instituciones en primera lectura y durante el trámite parlamentario en lo que está convencido será un debate "sano" y "democrático" que el Gobierno va a abordar con "fortaleza" y "entereza".
"El Gobierno de España está dispuesto a escuchar todas las opiniones (...) para hacer la mejor ley de secretos oficiales", ha insistido Sánchez, que ha querido reconocer la labor de los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Defensa, Margarita Robles, en la elaboración de anteproyecto de ley.
No obstante, ha resaltado que lo importante es que después de 50 años una ley predemocrática va a ser reformada, lo que demuestra, en su opinión, el compromiso del Gobierno con la regeneración y la mejora de la calidad democrática.
La nueva ley de secretos oficiales facilitará la desclasificación de documentos según su categoría y podrá afectar a todas las instituciones, también a la Corona, al tiempo que la comisión de gastos reservados del Congreso será órgano competente para encauzar las peticiones de desclasificación.
El anteproyecto de ley de información clasificada, que el Gobierno prevé aprobar definitivamente en las Cortes a finales de este año o principios de 2023, establece plazos de desclasificación que van desde los 4 años hasta los 50 años.
Además incluye un régimen sancionador en caso de acceso o difusión indebida, con multas que pueden oscilar entre los 50.000 euros y los tres millones de euros sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven y de otras sanciones accesorias, como la prohibición de contratar con administraciones públicas o, en el caso de funcionarios y autoridades, la separación del cargo.
Entre las infracciones muy graves que pueden dar lugar a la máxima sanción se encuentra la difusión por cualquier medio de información clasificada en las categorías de "alto secreto" o "secreto".
También el acceso a información de esas categorías sin tener la correspondiente habilitación y su entrega a potencias extranjeras de cuando no exista un tratado internacional para el intercambio, entre otros muchos supuestos.
