- La Audiencia Nacional considera que las conversaciones mantenidas entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo acerca de los papeles del extesorero de los populares Luis Bárcenas no aportan ninguna novedad a la investigación sobre la operación Kitchen, por lo que, de momento, no valoran la reapertura de la pieza.

Fuentes jurídicas explicaron que los audios publicados en los que la exdirigente del PP pedía a Villarejo “parar” el asunto de “la libretita” de Bárcenas no revisten la importancia suficiente como para retomar la investigación acerca del supuesto espionaje a Bárcenas.

En la conversación grabada por Villarejo, que tuvo lugar en enero de 2013, Cospedal expresaba su preocupación porque los papeles de Bárcenas estuvieran en poder de periodistas, y cuestionaba si estos tenían una lista de los supuestos beneficiarios de los sobresueldos.

Las mismas fuentes señalan que, por el momento, la sede judicial no ha recibido ningún escrito solicitando de manera formal que se reabra la instrucción o que se cree una pieza separada para indagar en estas nuevas revelaciones.

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal ratificó la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación de Kitchen al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados confirmaron de esta forma el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que puso fin a la investigación sobre Kitchen concluyendo que el espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. La Sala avaló los indicios en los que se basaba su imputación, recordando que fundamentalmente son las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez.