La aguja que marca el nivel de hartazgo de la consejería de Autogobierno con el ritmo de las transferencias ha pasado del ámbar al rojo más intenso. A zona de turbulencias. Olatz Garamendi ha roto este lunes su silencio con respecto a la transferencia de las líneas de tren de cercanías, la única que se estaba negociando ahora mismo en profundidad. Ha revelado una situación muy preocupante para su equipo: la propuesta sobre los ferrocarriles que le envió hace meses el Gobierno español supone un retroceso con respecto a la posición negociadora que había tenido el Estado en 2019. “Tres años después, han dado un paso atrás”, denunció Garamendi, quien alertó de que la oferta “está lejos de cumplir con unas mínimas expectativas”.
Garamendi realizó este anuncio en el marco de la iniciativa Topaketa, los encuentros que mantienen periódicamente los representantes del Gobierno PNV-PSE en la web de Irekia para responder a las preguntas de la ciudadanía. La consejera respondió en la web a las 20 más votadas (el resto se responderá por escrito). El morbo estaba situado en el ritmo de las transferencias, porque el calendario prometido por el propio Gobierno de Pedro Sánchez no se está cumpliendo.
La última transferencia cerrada fue la del Ingreso Mínimo Vital, que llegó con un año y medio de retraso. Antes del IMV, el último paquete de traspasos se pactó hace justo un año, con el acuerdo que incluyó la gestión de las prisiones. La única materia en la que se ha profundizado desde entonces es la de cercanías. Algunas voces socialistas han tratado de alimentar la idea de que está al caer. Pero desde la consejería de Autogobierno trasladaban en privado que aún quedaba mucho trabajo. Ahora se ve públicamente que el nivel de atasco en las conversaciones sobre los traspasos es palmario porque ni siquiera fluye la materia que parecía más avanzada.
EL ATASCO
En consonancia con su apuesta por la discreción y por no precipitarse en su valoración, Garamendi no había revelado en público que este traspaso no avanza como debería. Hasta este lunes. Eso sí, no ofreció detalles sobre las razones del choque, porque “son temas que se negocian con discreción”. El Estado debe responder aún a las alegaciones vascas, y el nudo parece situarse en el alcance de este traspaso. Madrid pone en duda que Euskadi gestione la infraestructura de las estaciones, las líneas vascas que salen en algún momento del trazado a otras comunidades, o las que conectan con infraestructuras que el Estado considera de interés general como el Puerto de Bilbao.
Esta denuncia pública llega en un momento de descontento generalizado de Garamendi con la parálisis de los traspasos más de cuatro décadas después de la aprobación del Estatuto de Gernika. La consejera envió a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, cuatro ofertas de su cosecha para tratar de abrir el debate en cuatro materias (inmigración, meteorología, gestión del litoral y fondo de protección a la cinematografía), pero Garamendi constató en Topaketa que “también continúan sin respuesta”. “Es algo que no puede dilatarse ya más en el tiempo”, avisó. Sobre cercanías, alertó de que remitió hace meses unas alegaciones “de calado”. “Sin respuesta”, denunció.
Garamendi aseguró que, en 2019, sobre los ferrocarriles, el Ministerio “llegó a fijar una postura negociadora de partida mucho más amplia que la que se nos plantea ahora”. “Tres años después, han dado un paso atrás. Es significativo. En todo caso, son temas que negociamos con discreción”, dijo. En 2019, el Gobierno español estaba liderado también por Sánchez, quien en teoría quería dar un impulso político a los traspasos para procurarse el respaldo del PNV en el Congreso. En cualquier caso, este Ministerio ha estado sujeto a relevos continuos (lo han liderado Batet, Planas en funciones, Darias, Iceta y Rodríguez), y circunstancias como las elecciones, la pandemia, la guerra de Ucrania o ahora el espionaje han colocado el cumplimiento del Estatuto a la cola.
Garamendi recalcó que “es el momento de pasar de las palabras a los hechos”. “Si se toma en serio, las transferencias pendientes estarían hechas o a punto de hacerse. Si hubiera voluntad política, claro”, presionó. La consejera dejó claro que el Gobierno vasco no descansará hasta traer a casa todos los traspasos. “No hay excusas. El Estatuto está incumplido, y es una gran deuda que tiene el Gobierno español con Euskadi. Una herida aún sin cerrar”, dijo.
SIN MIEDO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Sobre la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, a Garamendi se le preguntó qué garantías ofrece Euskadi porque este traspaso “da algo de miedo”. Garamendi fue categórica: “El Estatuto habla de la gestión económica de la Seguridad Social. No hay ningún motivo para tener miedo. Los vascos y las vascas seguirían percibiendo sus prestaciones como hasta ahora, solo que las gestionaríamos desde Euskadi. Hablamos de prestaciones no contributivas como las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menores, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y desempleo en sus niveles contributivo y asistencial”, explicó.
Cinco de las veinte preguntas trataron sobre autogobierno (la fecha de cercanías, su posición sobre la Seguridad Social, el calendario, la propuesta de un nuevo Estatuto o la recenralización). Sobre el nuevo estatus, recordó que está “en manos” del Parlamento, pero confió en que el trabajo realizado no quede en saco roto. Apostó por una relación “bilateral” con el Estado y un acuerdo amplio.
