PNV y PSE, socios del Gobierno Vasco con mayoría absoluta en la Cámara, han desactivado la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba regular por ley una Renta Básica Incondicional que se basaría en una prestación pública a todos los residentes en Euskadi de entre 270 y 900 euros mensuales.
Ambos grupos, junto con los del PP+Cs y Vox, han votado en el pleno del Parlamento en contra de la toma en consideración de esta ILP, la primera que se presenta esta legislatura, cuya consecuencia es que esta iniciativa avalada por las firmas de más de 22.000 ciudadanos decae y no continuará con su tramitación legislativa en la Cámara.
Por contra, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han votado a favor de la ILP porque han considerado necesario que se abra en el Parlamento un debate profundo sobre el futuro del modelo social vasco.
El debate ha sido seguido en la tribuna de invitados por varios de los impulsores de la iniciativa mientras que otros de sus compañeros se concentraban en el exterior del Legislativo.
LA ILP LOGRÓ EL DOBLE DE LAS FIRMAS NECESARIAS
La ILP fue registrada en la Cámara vasca el pasado mes de enero respaldada por 22.075 firmas recogidas durante una campaña impulsada por sus promotores, más del doble de las rúbricas requeridas por ley para impulsar una iniciativa legislativa popular.
El texto planteaba la elaboración de una ley que establezca una Renta Básica Incondicional universal como derecho individual y equiparable a otros derechos básicos subjetivos como la sanidad o la educación.
La asignación económica pública se dirigiría a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos y patrimonio, con el único requisito de acreditar 3 meses de residencia en Euskadi, y las cuantías oscilarían entre los 900 euros mensuales para los mayores de 18 años o menores independizados, de 450 euros para quienes tengan entre 14 y 17 años y de 270 euros para los menores de 14 años.
Durante el pleno, la portavoz de los promotores de la ILP, Itziar Guerendiain, ha defendido la necesidad de implantar políticas públicas que acaben con la pobreza ya que el modelo actual de la Renta de Garantía de Ingresos no lo ha conseguido y el sistema de protección no llega a todos los que lo necesitan por los requisitos que se exigen.
DISCREPANCIAS ENTRE LOS GRUPOS
El PNV y el PSE han hecho suyos los argumentos utilizados por el Gobierno Vasco para posicionarse en contra de la ILP basados en que se está ultimando el proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, al que se incorporará el Ingreso Mínimo Vital, ya transferido a Euskadi, que reforzará el modelo social.
Además, tanto Aitor Urrutia (PNV) como Gloria Sánchez (PSE) han opinado que las prestaciones sociales tienen que llevar aparejadas medidas para la inclusión laboral y han destacado la importancia del sistema vasco de garantía de ingresos que se está diseñando para ayudar a los colectivos más desfavorecidos.
Eraitz Saez de Egilaz (EH Bildu) ha defendido un cambio "radical y estructural" del actual modelo social y aunque no se ha posicionado sobre una renta universal ya que "hay muchas opiniones al respecto", ha destacado la necesidad de debatir en el Parlamento sobre el futuro de estas prestaciones y la redistribución de la riqueza ya que el sistema actual no es el adecuado.
Miren Gorrotxategi ha señalado que el solo hecho de que una ILP avalada por miles de ciudadanos llegue al Parlamento merece que se tramite y ha dicho que su grupo comparte el objetivo de la iniciativa porque es una forma de entender la política social sin condicionar las prestaciones a una serie de requisitos.
Desde el grupo PP+Cs, Laura Garrido ha expresado su oposición frontal a unas ayudas para toda la ciudadanía porque desincentivaría el acceso al mercado de trabajo y ha reiterado la necesidad de ligar las prestaciones a la empleabilidad.
Por su parte, Amaia Martínez (Vox) ha rechazado que el Gobierno Vasco pague a sus ciudadanos ayudas "por el mero hecho de existir" y ha subrayado que garantizar un salario a todos es "una carga insostenible".
