- Los aliados de Pedro Sánchez solo ven humo. Las medidas que ha anunciado el Gobierno español para tratar de zanjar la crisis del espionaje no han convencido a nadie. Ya han respondido con críticas los directamente afectados por los pinchazos a sus teléfonos móviles con el programa Pegasus: ERC y Junts no se conforman con las propuestas que hizo el ministro Bolaños a la consellera Vilagrà en la gélida reunión que mantuvieron el domingo, y el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu pide ceses inmediatos. El PNV dejó claro ayer que las medidas tampoco son “válidas” para el partido de Sabin Etxea. La presión al Gobierno español para que abra una investigación con garantías crece.
El portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, dijo que el escándalo no se soluciona con una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia ejecutada por el propio CNI. Cree que los servicios secretos han actuado con barra libre, y puso en duda que tuvieran autorización judicial para realizar escuchas de manera tan masiva, con al menos 60 afectados. Tampoco cree que sea un contrapeso suficiente la opción de activar la comisión de los gastos reservados en el Congreso para controlar esa investigación del CNI. “Son dos ronditas preguntando al compareciente, y hasta luego; ya hemos solucionado la papeleta”, criticó en Onda Vasca.
¿Qué es lo que propone Esteban? Se sigue ciñendo a la apuesta por activar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, suscrita por una decena de grupos, incluidos los socios del PSOE en el Consejo de Ministros (Unidas Podemos), los soberanistas catalanes, el propio PNV y EH Bildu. La visita de Bolaños a la consellera Vilagrà no ha conseguido desactivar esa ofensiva, que sigue en pie, aunque los socialistas se moverán cómodos en esa votación porque la derecha española tumbará la petición. El Gobierno español tampoco ha podido neutralizar la batería de preguntas parlamentarias de mañana, donde el PNV interrogará a la ministra Robles sobre qué ley ampara su silencio, y pedirá cambiarla si le sirve de parapeto para evitar la transparencia necesaria. Los jeltzales piden, asimismo, una investigación seria por parte del Ejecutivo español. Unidas Podemos, que comparte asiento con el PSOE en el Consejo de Ministros, mantiene la presión y exige soluciones más ambiciosas.
El PNV, en cualquier caso, no da por roto el acuerdo como socio de investidura del Gobierno español. Otras formaciones como EH Bildu o el PDeCAT se han cuidado igualmente de no anticipar ahora que darán su voto negativo a todas las medidas, y creen que el diálogo debe mantenerse abierto. Sánchez sigue jugando con la baza de que la alternativa de la derecha española abrazada a Vox es peor. Los jeltzales, a diferencia de ERC, no han querido amenazar con tumbar el decreto anticrisis del jueves, porque contiene medidas sociales cuya caída sería muy difícil de justificar.
Pero, con independencia de lo que suceda, lo que tiene sobre la mesa Sánchez es una crisis que cuestiona seriamente la calidad democrática del Estado español. Los editoriales de medios de comunicación internacionales dejan ver que no es una mera escenificación de los soberanistas catalanes, PNV y EH Bildu.
Esteban desconfió de una investigación a los servicios secretos ejecutada por el propio CNI, porque “se le ha dado manga ancha en todo esto”. “Se me hace muy difícil pensar que estas escuchas hayan sido autorizadas por el magistrado del Tribunal Supremo, porque deben ser individualizadas y por un máximo de tres meses. Con más de 60 personas, y seguro que son más del doble, se me hace difícil”, dudó.
Además, recordó que Sánchez se comprometió a modificar en su acuerdo de investidura un asunto introducido por PP y PSOE, según el cual, con la justificación de los ataques y la seguridad del Estado, el control de todas las redes de la administración, incluidas las autonómicas, corresponde al CNI, “una injerencia en las redes de otras administraciones”. El PNV ha registrado una enmienda a la Ley de Telecomunicaciones para que se corrija, pero cree que no se atenderá.
El escándalo del espionaje a más de sesenta soberanistas catalanes y a los representantes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu ha provocado una sensación de inseguridad generalizada. Una crisis de confianza de la clase política en la calidad democrática del propio Estado o en la libertad para mantener comunicaciones privadas. La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, ya se lanzó el fin de semana a asegurar que ella también teme ser espiada. Esa comezón la tiene el propio Aitor Esteban.
Se refirió a la etapa de la moción de censura que derribó al Gobierno del PP liderado por Rajoy para dar paso al gabinete de Sánchez. Se le encendieron las alarmas cuando vio que la prensa reflejaba sus conversaciones. Según explican fuentes de su entorno a este periódico, no podían ser filtraciones periodísticas al uso desde fuentes del PSOE o del PP que hubieran hablado con Esteban, sino de ámbitos que era “imposible” que revelaran el diálogo. Esteban dijo tener la “práctica certeza” de haber sido escuchado y, como mínimo, no tiene “ninguna seguridad” de no haber sido escuchado. Dijo que la polémica se remonta a anteriores gobiernos.
“Inaceptable”. EH Bildu volvió a cargar ayer con dureza contra el espionaje, con el argumento de que es “inaceptable”. Ha afectado, entre otros, a Arnaldo Otegi y a Jon Iñarritu. La coalición abertzale denunció el “silencio político” con el que, a su juicio, han actuado algunos partidos vascos que “no se han posicionado” sobre este “escándalo”, una situación que denuncia en la medida en que, entre los espiados, hay representantes de la comunidad autónoma vasca. La Mesa Política de EH Bildu consideró que el “Estado está dispuesto a perseguir de manera sistemática y mediante cualquier medio todo tipo de militancia política que no coincida con su proyecto político”. Quiso mostrar su “preocupación y sorpresa” por el “silencio político” con el que han actuado “varios partidos políticos” vascos que “no han dicho nada ante el espionaje ilegal del coordinador general y de un congresista del partido que es segunda fuerza política en Euskal Herria”.
“Tampoco se soluciona con una investigación interna del CNI; se le ha dado manga ancha en todo esto”
Portavoz del PNV en el Congreso
“La comisión de los gastos reservados no es la solución: son dos ronditas de preguntas y hasta luego”
