El espionaje por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al mundo independentista ha dejado de ser presunto, si es que lo fue en algún momento, para adquirir tal relieve que puede explotarle en las manos al Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto Unidas Podemos como el soberanismo señalan ya directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, toda vez que la inteligencia española ha reconocido que procedió a esos seguimientos aunque de manera “individualizada, no indiscriminada y siempre bajo control judicial”, siendo los afectados, según su justificación, un número “muy inferior” al revelado, que supera los 60.

El Tribunal Supremo (TS) cuestiona en cierta manera este relato al precisar que nunca ha recibido una petición judicial que habilite estas actuaciones de forma masiva y que, de haber tenido que pronunciarse, “nunca las habríamos admitido”. Un enredo que ha provocado el distanciamiento entre el Govern y Moncloa y que puede situar la legislatura al filo del abismo, comenzando porque en manos de Esquerra se encuentra que el jueves pueda decaer en el Congreso el decreto anticrisis. La formación republicana emplaza a los socialistas a moverse porque la agenda legislativa pende de un hilo. “Y si al PSOE no les gusta ERC, Bildu, Más País o Podemos, no pasa nada. Si son tan valientes, tan chulos, que lo digan. Ahora tiene una alternativa, el moderadísimo Núñez Feijóo, el nuevo Gallardón”, ha retado su portavoz, Gabriel Rufián.

El CNI usó el programa espía Pegasus, adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy a mediados de la pasada década por unos 6 millones de euros, para vigilar las actividades de líderes independentistas en sus salidas al extranjero, pero este organismo, según ha desvelado el diario El País, niega que se hayan pinchado teléfonos institucionales, y asegura que muchos de los políticos que figuran en la lista que salió a la luz jamás fueron objeto de investigación por parte del servicio secreto. La inteligencia española admite que dirigentes de las asociaciones secesionistas han sido objetivo informativo suyo en los últimos años, pero sin aclarar si el actual president, Pere Aragonès, y sus tres predecesores (Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra) figuran entre los espiados. En cualquier caso, desde este órgano se afirma todas las escuchas fueron autorizadas por el juez del Tribunal Supremo responsable de controlar las actividades del CNI o su sustituto, Pablo Lucas y Andrés Martínez-Arrieta, respectivamente.

Un relato que varios magistrados del Supremo, que han tenido a su cargo el control previo de las solicitudes del servicio de inteligencia para intervenir comunicaciones o entrar en domicilios, han querido matizar. “El CNI nunca nos ha solicitado autorización para interceptar las comunicaciones de más de tres o cuatro personas en la misma petición. No ha habido nunca una solicitud masiva”, ha atestiguado a El Español uno de los llamados jueces del CNI con experiencia en el desarrollo de esta función. No en vano, el Estado español cuenta con una normativa singular. La ley dicta que solo el director o secretario general del centro de inteligencia tendrá la potestad de dirigirse al magistrado de Supremo para aquellas peticiones relativas a la ejecución de medidas que afecten a la inviolabilidad de domicilios o al secreto de las comunicaciones. Esta petición se tiene que hacer por escrito y la intervención solicitada no puede durar más de tres meses. Además, tienen que ser personas individualizadas y concretas, no sirve una identificación genérica o un grupo.Declaración conjunta

Por todo ello, el independentismo y Podemos han suscrito una declaración en la que se apunta directamente al CNI y a la ministra Robles como responsables políticos del espionaje, y se pide al PSOE que permita investigar el caso en el Congreso. Según los firmantes, “la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil” y miran directamente al Ministerio de Defensa. “Los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos”, indica el documento. “Si lo sabía tiene que dimitir, y si no lo sabía tiene que dar explicaciones”, ha sentenciado Rufián, que incidió en el amago de Esquerra: “El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”.

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, también cree que “Robles como responsable del CNI es la que deberá asumir mayores responsabilidades”, sobre todo cuando las informaciones en forma de filtraciones se suceden “y en lugar de aclarar nada generan más confusión, zozobra e incertidumbre”. Desde Junts, Míriam Nogueras ha censurado que el Ejecutivo se escude “en una ley franquista”, en alusión a que la justicia ordinaria no puede investigar temas de secretos oficiales. “¿Dónde está la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno?”, se ha preguntado la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien comparte con su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que el Catalangate puede ser solo “la punta del iceberg del Watergate español”.

Robles niega acusaciones

Pero Robles no se ha dado por aludida, ha negado las acusaciones y a su vez cierra filas con el CNI, cuya directora, Paz Esteban, aportará información ante la comisión de secretos oficiales. Respondiendo a tres preguntas en el Senado, la ministra ha repetido que el Gobierno y todos sus organismos públicos cumplen con la ley. “A lo mejor no todos pueden decir lo mismo”, ha lanzado al portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries. La responsable de Defensa ha lamentado que se hagan acusaciones “sin fundamento y frívolas” al CNI y al Ejecutivo. “Estamos en un Estado de derecho, no vale con llegar aquí y hacer insinuaciones sin pruebas”, ha aseverado. Es más, frente a la amenaza de los tribunales, ha avisado de que la denuncia y acusación falsa “también son delito”.