- Vox ha desplegado una ofensiva judicial para tratar de frenar en el último minuto la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi, por la cual Lanbide gestionará el pago de esta ayuda de principio a fin, en lugar de hacerlo la Seguridad Social. No solo el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse. También tendrá que hacerlo el Tribunal Supremo, que además espera decidir de manera inminente si suspende o no el convenio entre los gobiernos vasco y español, algo que prevé hacer en torno a mayo. Lanbide comenzará a pagar el IMV a partir de junio. Las partes tienen de plazo hasta mañana para presentar sus alegaciones, y el Gobierno Vasco aún analizaba a finales de semana cómo proceder, según ha podido saber este periódico. Lo único que han dicho en público tanto el PNV como el Gobierno Vasco es que Vox cuestiona la foralidad.
Vox ha defendido todo este tiempo que el traspaso rompe la unidad de caja de la Seguridad Social. Esa unidad de caja, no obstante, se vincula a las cotizaciones, pero el IMV no se financia con ellas. La unidad de caja sí se esgrime, por ejemplo, para evitar el traspaso íntegro del pago de las pensiones, porque están vinculadas a las cotizaciones y se financian a través de ellas. La página web de la Seguridad Social se refiere a este principio de unidad de caja y a la solidaridad entre territorios de esta forma: "El sistema español parte del concepto de caja única, es decir, las cotizaciones recaudadas en todo el territorio nacional sirven para financiar las prestaciones de todos los españoles".
Pero el IMV no se paga con las cotizaciones, sino a través de los Presupuestos, financiados con los impuestos. En este contexto, Vox trata de llevar la disputa al terreno de los impuestos y a la forma en la que Euskadi dejará de aportar 188 millones al Estado, que se descontarán del Cupo que paga anualmente a Madrid.
Reconoce que el IMV es una pensión no contributiva de la Seguridad Social y que no se financia con cotizaciones de empresarios y trabajadores. Pero dice al Supremo que el convenio de la transferencia atenta contra la igualdad "de todos los españoles en materia de derechos y obligaciones de la Seguridad Social". Dice que contempla un sistema financiero para que Euskadi deje de contribuir a los Presupuestos estatales en ese punto y retenga "la totalidad de la aportación que le corresponde", un dinero que dejará de pagar en el Cupo. Cree que esa cantidad que ahora se va a quedar, los 188 millones, podría ser muy superior a la que necesita para pagar esa ayuda; y le quedará un remanente que podría usar para otros fines ajenos a la Seguridad Social.
Euskadi recauda y gestiona sus propios impuestos por tener haciendas forales y Concierto. El Cupo está en la raíz de la foralidad y se descuenta dinero con cada transferencia. Los impuestos vascos para sanidad también van a Osakidetza y, aun así, en el Cupo se paga una parte para la solidaridad entre territorios estatales.
Vox ve una vulneración del derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, porque se contempla un "irrazonable y arbitrario régimen financiero a tenor del cual los residentes en la comunidad autónoma dejan de contribuir" y lo hacen "en detrimento de los residentes en el resto del territorio nacional". Ve "un trato desigual" y especula con un plus de aportación del resto del Estado para cubrir esa laguna. Dice que los 188 millones de aportación vasca no iban destinados a pagar el IMV a los vascos, sino a cualquiera sin mirar residencia.
