l uso del programa israelí Pegasus para espiar a dirigentes políticos o representantes institucionales ha venido siendo denunciado en varias ocasiones en los últimos años, tanto en el ámbito del conflicto catalán como a otros niveles europeos e internacionales.

Lo que ya se venía intuyendo terminó por estallar hace una semana con la publicación de la revista estadounidense TheNew Yorker, que confirmaba un espionaje masivo contra un grupo muy concreto: el de los líderes independentistas catalanes que fueron protagonistas del procés y de sus posteriores derivadas judiciales. Todo ello ha sido bautizado como Catalangate, emulando al histórico escándalo Watergate que costó el cargo a Richard Nixon.

¿Pero qué es el programa Pegasus? Se trata de un software ideado por la compañía NSO Group que se infiltra a través de un enlace, siempre que el destinatario pinche en él. En ese caso, el dispositivo queda infectado y quien controla el Pegasus tiene acceso remoto a todas las conversaciones y archivos del teléfono.

Este programa de espionaje solamente puede ser adquirido por estados y estructuras gubernamentales, por lo que todo apunta al Estado español como principal sospechoso de haber encargado esta operación de espionaje y, por tanto, a Moncloa han señalado tanto los afectados como una buena parte de las formaciones que componen el arco parlamentario; entre ellas, Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP; que reclaman asimismo la puesta en marcha de una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Según apunta la investigación de la revista, el uso del Pegasus contra los independentistas catalanes está probado entre los años 2017 y 2020, lo que confirmaría la estrategia del Estado español de utilizar como ariete cualquier medio a su alcance -incluso los de legalidad dudosa- para atacar al adversario político, en este caso al soberanismo en Catalunya.

Estos métodos irregulares con respecto al procés eran ya evidentes durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa, pero Rajoy cayó en junio de 2018 y el espionaje mediante el Pegasus siguió produciéndose con Pedro Sánchez en Moncloa al menos hasta 2020, cuando incluso había echado a andar el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.

El enfado en el plano político es por tanto mayúsculo entre los socios del Gobierno español, a quien cada día más voces le exigen que dé explicaciones claras al respecto, algo que por el momento no ha hecho Moncloa, que se ha limitado a escudarse en que son asuntos de “seguridad nacional” y en la Ley de Secretos Oficiales que pesa sobre ellos.

Pero el escándalo es de proporciones considerables y de cómo actúe el Ejecutivo de ahora en adelante puede depender que se mantenga la mayoría de la investidura y, por tanto, la duración de la legislatura en sí.

La duda que sobrevuela en todo el asunto es si el gabinete Sánchez estaba al corriente de las actividades de espionaje contra el independentismo, hipótesis que de confirmarse dinamitaría todos los puentes en un diálogo con Catalunya ya de por sí bastante débil.

También resultaría preocupante un escenario en el que en Moncloa no tuvieran conocimiento del uso del Pegasus, ya que demostraría la existencia de elementos incontrolados de las estructuras del Estado -popularmente conocidos como Deep State (Estado profundo)- y evidenciaría que el Ejecutivo español no tiene un control real sobre resortes con un poder y capacidad de actuación relevante.

A falta de que se arroje más luz sobre el escándalo, lo que es evidente es la indefensión que han sufrido hasta el momento las más de 60 víctimas. Queda en cualquier caso la vertiente judicial, una vía que se abre con la denuncia contra el Estado español que van a interponer en diferentes tribunales dirigentes soberanistas como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.