Sobre el papel, España es un Estado autonómico donde las comunidades tienen amplias competencias, y donde existe una diversidad lingüística y cultural reconocida en la Constitución. En las elecciones europeas, la ley hace la vista gorda ante esta realidad. Los eurodiputados son escogidos en una votación por circunscripción única, la del Estado, en lugar de distintas circunscripciones autonómicas. Este modelo penaliza a los partidos territoriales cuyo ámbito de actuación es el autonómico, y obliga a forjar coaliciones entre ellos para garantizarse su escaño en la Eurocámara. En ese contexto, en el marco de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se está debatiendo en Madrid para regular el ejercicio del voto de los residentes en el extranjero, el PNV ha presentado nueve enmiendas, entre las cuales destacan las que plantean que cada comunidad autónoma sea una circunscripción electoral.
El grupo que lidera Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados ha recuperado esta reivindicación en el marco de esta tramitación, según las enmiendas facilitadas a este periódico por el grupo jeltzale. Plantea que cada comunidad sea una circunscripción, y que las ciudades de Ceuta y Melilla constituyan una de manera conjunta. Lo justifica en que esta medida permite “adaptarse más adecuadamente a la forma de Estado complejo del Estado Autonómico”.
Cree que contribuiría “con lo dispuesto en el Acta Electoral UE que estimula a que cada Estado miembro constituya el tipo de circunscripción más acorde con sus características, teniendo en cuenta que el fin esencial del Parlamento Europeo es representar a la Europa comunitaria en toda su variedad de opciones ideológicas, culturales, nacionales y regionales, fomentando la creación de vínculos entre los electores y los elegidos”.
El PNV esgrime también que no existe ningún impedimento para actuar en este sentido, ya que el Tribunal Constitucional da vía libre para que “el legislador estatal disponga en el futuro la organización territorial del cuerpo electoral”. Propone que a cada circunscripción le corresponda un mínimo de un diputado, y que los restantes se distribuyan en proporción a la población.
COALICIONES EN EUROPA
El PNV plantea acabar con la penalización para los partidos territoriales y adaptarse mejor al modelo autonómico, aunque en lo personal no se ha visto en la tesitura de perder su representación institucional en Europa en los últimos años pese a las dificultades o a la separación amistosa con la antigua Convergència.
En las elecciones de 2019, forjó la Coalición por una Europa Solidaria, CEUS, con Coalición Canaria, Compromiso por Galicia, Geroa Bai, Proposta per les Illes y Demòcrates Valencians, sin el PDeCAT. Pero fue Izaskun Bilbao quien lideró la plancha en el puesto número uno a modo de reconocimiento de la fuerza electoral del PNV, y ese hecho, sumado a la experiencia de diez años que atesoraba la eurodiputada, propiciaron que se asegurase su representación. Se repitió el mismo logro que ya consiguió Imaz en 1994 con una coalición similar, sin la imponente saca de votos del nacionalismo catalán.
Las elecciones europeas se ven con mayor distancia y desafección en los ciudadanos, y son propicias para que la abstención crezca, o para que el voto se escape a los partidos mayoritarios del Estado, el PSOE o el PP, quienes juegan con la baza del voto útil aprovechando que la circunscripción es única. Este sistema penaliza a los partidos con implantación solo en sus autonomías y pone barreras a los programas que defienden soluciones específicas para cada territorio. Los próximos comicios serán en 2024, y en otros países como Reino Unido o Italia se ha trabajado con circunscripciones menores.
ACATAR LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Por otro lado, las enmiendas del PNV plantean suprimir la necesidad de acatar la Constitución española para adquirir de manera plena la condición de miembro del Parlamento Europeo, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2019 que resuelve a favor de Oriol Junqueras, representante de ERC. Se discutía entonces si tenía que acatarla de manera presencial ante la Junta Electoral, o si bastaba con hacerlo a través de una comunicación notarial.
