Olatz Garamendi no disimula a estas alturas su malestar con el grado de cumplimiento del calendario de transferencias. La consejera de Autogobierno está realizando movimientos para tratar de imprimir otro ritmo a las negociaciones con el Gobierno español, con el objetivo de que se cumpla un Estatuto de Gernika que lleva más de cuatro décadas en barbecho. Dentro de esos movimientos, como ya informó este periódico, este miércoles ha confirmado que enviará de manera inminente una oferta por propia iniciativa a Madrid para abrir el debate sobre el traspaso de inmigración, un asunto que ve clave en plena crisis humanitaria y de acogida de los refugiados ucranianos. Además, avisó de que no aceptará "excusas" para demorar los trabajos, como el ciclo electoral que se abrirá en breve en el Estado.
Garamendi no lanza todavía un ultimátum en sentido estricto, pero comienza a palparse la sensación de que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no toma nota, el tono va a cambiar radicalmente en un departamento insatisfecho con el grado de cumplimiento del Estatuto, que es ley. "No veo los hechos que puedan avalar esa buena voluntad. Desde el Ministerio, se habla del cumplimiento del Estatuto de Gernika. Esa voluntad se dice, pero los hechos no lo están avalando. Tenemos un calendario que no se está cumpliendo", recriminó en una entrevista en Radio Popular.
Preguntada por la información publicada por este periódico, que pone sobre la mesa que el ciclo electoral en el Estado amenaza este proceso, reconoció que los periodos electorales "son convulsos". Pero aclaró que lo decisivo es la "voluntad" que exista en el Gobierno español. Y ahí señaló otra clave para evitar que el clima electoral frene los traspasos, en la medida en que algunos ámbitos de la derecha española presentan los traspasos como un privilegio y eso puede atenazar al Ministerio de Isabel Rodríguez en un contexto de precampaña permanente: "Hay que terminar con los prejuicios. Parece que, cuando estamos hablando de traer traspasos a Euskadi, estamos hablando de cesiones a Euskadi, y se trata de completar el Estatuto, que es una norma que está pactada", dijo.
Añadió que, al igual que sucede con el Concierto Económico, algunos sectores solo ven las ventajas, pero no es ningún privilegio porque se asume un riesgo y obliga a realizar una buena gestión.
UNA HISTORIA DE DEMORAS
En definitiva, Garamendi avisó de que no le sirven "las excusas, ni estas ni otras". El ciclo electoral podría comenzar en junio con las elecciones andaluzas, y será vertiginoso en 2023, con las elecciones que tendrán lugar en las comunidades no históricas y en todos los municipios del Estado en mayo, además de las forales en la comunidad autónoma vasca; y en noviembre llegarían las generales. En un comentario de tono más informal al finalizar la entrevista, apostó por comenzar cuanto antes las negociaciones para no fiarlo todo a los avances que se puedan producir en ese terreno pantanoso.
No es la primera vez que se lanza un aviso de esa categoría. El lehendakari Urkullu ya recriminó en público a Sánchez este año que la voluntad del presidente español no se traduzca en hechos, y que no cumpla el calendario que la propia Moncloa ofreció. Desde que se aprobó ese calendario, en realidad este debate se ha situado como el farolillo rojo de las prioridades del Gobierno español: las convocatorias electorales en el Estado, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania o los cinco relevos en el Ministerio han reducido los acuerdos a una sola convocatoria de la Comisión de Transferencias por año (frente a las dos al año que llegaron a comprometerse desde Madrid) y una decena de materias cerradas. El caso del Ingreso Mínimo Vital, este traspaso llegó con un año y medio de demora con respecto a lo acordado. "Más que el momento, se trata de voluntad, y no puede haber más excusas", zanjó Garamendi.
INMIGRACIÓN Y LOS REFUGIADOS DE UCRANIA
Esta situación provocó que Garamendi tomara las riendas y rompiera el protocolo habitual, que aboca al Gobierno vasco a esperar en su despacho a que lleguen las ofertas de Madrid. Redactó de su propia cosecha las ofertas sobre gestión del litoral, meteorología y fondo de protección a la cinematografía. "Estamos a la espera", confirmó. Ahora va a hacer lo mismo con inmigración: "Vamos a remitir en breve inmigración. Lo tenemos trabajado y le hemos dado un acelerón. Es muy importante, en la medida en que siempre hemos sido un país de acogida y ahora estamos acogiendo a las personas de Ucrania. Lo estamos trabajando con especial hincapié y esperamos gestionarlo desde aquí. Se trata de gestionar desde aquí, desde el conocimiento, y de que nos puedan exigir responsabilidades desde aquí", explicó.
RECURSO CONTRA LA FORALIDAD
La consejera confirmó también que está esperando la respuesta de Madrid a las alegaciones que ha enviado el Gobierno vasco sobre el traspaso de los trenes de cercanías. Por otro lado, se refirió al recurso que han interpuesto Vox y PP contra la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, y lamentó que ataque el corazón de la singularidad vasca: la foralidad. Los recursos se dirigen contra los Presupuestos estatales y la Ley del IMV, que justifican el acuerdo en la existencia de haciendas forales que permiten que Euskadi gestione esta ayuda desde su tramitación hasta su pago, de principio a fin, mientras el Estado se reserva la regulación por ley y se garantiza la unidad de caja de la Seguridad Social. "Espero que no prospere. Bien es cierto que corresponde la defensa al Estado", dijo.
