El Estatuto de Gernika acumula más de cuatro décadas sin que se cumplan todas las transferencias que recoge y que otorgan a la comunidad autónoma un elevado nivel de autogobierno. Todavía hoy quedan una treintena de materias que el Estado no ha transferido. Los sucesivos gobiernos españoles han esgrimido dificultades técnicas que nadie niega, pero el PNV ha visto todo este tiempo un retraso tan clamoroso que va más allá y que destila ausencia de voluntad política. El socialista Pedro Sánchez se ha comprometido por primera vez con un calendario de transferencias, pero le han salido al paso diferentes circunstancias que han servido para dejar en sordina el proceso. Ahora emerge una nueva amenaza: la avalancha de elecciones en el Estado.
El próximo año 2023 se presenta especialmente delicado. En mayo se concentran las elecciones en las comunidades autónomas no históricas, las municipales en todo el Estado, y las forales en la CAV; y ya a finales, en noviembre, tendrían que producirse las generales. Este mismo año 2022, en junio, podrían llegar las andaluzas. Este ciclo es un riesgo para las transferencias, porque los principales partidos estatales suelen concentrarse en la refriega electoral, sacar pecho de las leyes y debates más cómodos, y orillar las cuestiones territoriales.
La negociación parece abocada a recibir este año un impulso para no colocar todos los huevos en la cesta del año que viene, una fase muy problemática. En cualquier caso, hay precedentes de dos negociaciones cerradas en pleno periodo electoral. La consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi lleva semanas elevando la presión sobre el Ministerio de Política Territorial de Isabel Rodríguez para resolver como mínimo en el corto plazo las cinco transferencias que están ahora sobre la mesa.
La más avanzada es la transferencia de las líneas de tren de cercanías, aunque esa negociación tiene aún muchos cabos sueltos como las líneas totales (hay interpretaciones sobre las líneas que son vascas pero que salen en algún momento del trazado a otras comunidades; o sobre la interconexión con infraestructuras que el Estado considera de interés general como el Puerto de Bilbao), o el alcance de la gestión de Euskadi sobre las estaciones y el personal. El Gobierno español debe responder aún a las alegaciones vascas.
GARAMENDI ULTIMA LA OFERTA DE INMIGRACIÓN
GARAMENDI ULTIMA LA OFERTA DE INMIGRACIÓNGaramendi envió también por propia iniciativa ofertas sobre el fondo de protección a la cinematografía, gestión del litoral y meteorología, y fuentes de su departamento explican que se está trabajando en la propuesta de inmigración para enviarla en los próximos días sin mayores demoras. Admiten que la época electoral todo lo complica, pero aclaran que no puede ser una guía ni un argumento para retrasar los trabajos. Solo se ha abierto un proceso sobre estos cinco traspasos, pero aclaran que deberían ser más y que ya ascienden a 42 los años de incumplimiento.
DOS PRECEDENTES EN CAMPAÑA
El Ejecutivo vasco tiene a su favor que la praxis ha demostrado que no es imposible cerrar traspasos en pleno periodo electoral, y que no puede ser un pretexto para cumplir la ley. Ya durante la campaña de las generales de 2019, los gobiernos vasco y español cerraron la trasferencia de la AP-68. En puertas de la campaña vasca de 2020, se firmaron otras tres (seguro escolar, productos farmacéuticos y ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE). Sin embargo, no es un momento propicio, y EH Bildu ya objetó entonces ante la Junta Electoral que una firma pública podría considerarse como una injerencia en la campaña a favor de PNV y PSE.
ESCOLLOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Por otro lado, la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital ha sentado un precedente para pactar otras materias relacionadas con la Seguridad Social, como la gestión de las pensiones, pero está por ver si el recurso del PP y Vox en el Tribunal Constitucional va a condicionar la actitud del Gobierno español. El convenio que se firmó, de todos modos, se blinda con menciones a la unidad de caja, la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos del Estado, lo que, de algún modo, deja sin razones objetivas a esos recursos. Sin embargo, las materias de la Seguridad Social son las últimas en el calendario de Sánchez y, si tiene que sacrificar alguna esta legislatura y aplazarla, es probable que maniobre para que sean estas, mientras el Gobierno vasco mantiene la presión para que se cumpla un Estatuto que es ley.
El calendario de transferencias ha quedado superado en sus plazos por las circunstancias que ha esgrimido Moncloa: los adelantos electorales en el Estado, una pandemia, una remodelación en el Gobierno español (con un récord de relevos precisamente en el área de Política Territorial, por donde han pasado cinco ministros), o incluso el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania, un argumento que se ha esgrimido en privado por parte de portavoces del gabinete de Sánchez para demorar el IMV.
Se puede hacer una lectura de pura superstición o casualidad, como si este calendario hubiera nacido con mal pie, o se puede constatar que, cuando se trata de priorizar desde el Estado, el frente territorial siempre queda en cola.
