- Decía el lehendakari que el acuerdo sobre las bases educativas le hace albergar la esperanza de que, en los próximos meses, cuajen otros pactos de país con mayorías que vayan más allá del PNV y el PSE, los grupos que conforman el Gobierno Vasco. Por ahora, las sensaciones oscilan entre la expectativa y la cautela. A nadie se le escapan las dificultades que existen para extender los acuerdos, y ayer, en el pleno por la guerra de Ucrania, hubo un choque con EH Bildu pese a las recientes coincidencias.
El acuerdo educativo entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU servirá como base para redactar la ley en octubre, y tiene la virtud de que va a situar este asunto nuclear al margen de las disputas políticas. Y lo hará durante varios años por la amplísima mayoría que respalda el acuerdo para el fin de la segregación, para que las escuelas concertadas solo puedan recibir financiación pública si cumplen una serie de requisitos, y para impulsar un sistema plurilingüe con el euskera como eje.
En este acuerdo, en cualquier caso, han concurrido circunstancias muy concretas que han favorecido el entendimiento, como la ascendencia que tiene el sector educativo y de las ikastolak en particular en EH Bildu, volcada en que este acuerdo fuera un éxito. Es algo similar a lo que sucedió hace unos años con la Ley Municipal. Fue el primer gran acuerdo entre el PNV y la izquierda abertzale en un asunto clave para la articulación institucional del país, y vino propiciado por el peso de EH Bildu en los municipios. Es cierto que en los últimos meses hubo acuerdo también para aprobar los Presupuestos de este año. Pero los jeltzales y la izquierda abertzale siguen siendo rivales electorales directos. La proximidad de los comicios municipales y forales de 2023 no invita a pensar en que la dinámica de acuerdos vaya a ser una constante. EH Bildu ha presentado una apuesta por la radicalidad responsable, y queda por ver cómo concreta la convivencia de ambos conceptos, mientras el PNV cree que es más pactista en Madrid.
Este año emergen cinco leyes que el Gobierno Vasco quiere convertir en pactos de país. Una de ellas es la de educación, pero el Plan Anual Normativo para 2022 recoge también las del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, Sistema Vasco de Empleo, Transición Energética y Cambio Climático, y Salud Pública. En este último caso, Elkarrekin Podemos-IU fue la primera en postularse, antes incluso de que se hubiera presentado un borrador. Lo hizo al calor del acuerdo que alcanzó con el Gobierno Vasco sobre la Ley Antipandemia, y propuso entonces mantener la sintonía en el ámbito sanitario siempre y cuando se incidiera en un plan de salud mental. Desde entonces, la relación ha seguido el trazado de una montaña rusa, con muchos desacuerdos y, de manera reciente, dos nuevos pactos sobre las leyes de Igualdad y Juventud, lo que convierte la posición de Podemos en una incógnita a futuro. Negociará ley a ley. No hay tampoco certezas sobre el PP, muy beligerante pero con Feijóo como nuevo líder estatal. Propuestas de estos dos partidos sí vieron la luz en el pleno sobre Ucrania.
En cuanto a la RGI, la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha mantenido ya contactos con los partidos para tratar de acercar posiciones y garantizarse que, una vez que se presente la ley, la tramitación sea ágil y se puedan activar las previsiones sobre los pensionistas y las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros puntos.
Lakua quiere consensos que garanticen que las leyes perduren más allá de esta legislatura. El portavoz, Bingen Zupiria, dijo ayer sobre las bases educativas en ETB-1 que este acuerdo debe servir para “no tener que cambiar cada legislatura”.
“El acuerdo en educación debe servir para no tener que estar cambiando cada legislatura”
Portavoz del Gobierno Vasco