- La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha escuchado los argumentos de la Fiscalía y de Carles Puigdemont respecto a la vigencia de las euroórdenes emitidas por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, en una vista celebrada ayer en Luxemburgo, aunque la decisión, clave en el futuro procesal del expresident y de los exconsellers exiliados, no verá la luz hasta el 14 de julio. Gonzalo Boye, abogado del exJefe del Govern, denunció que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) las utiliza de forma política y pretende encarcelar a los líderes independentistas “sin juicio, durante meses y años” impidiéndoles realizar su actividad parlamentaria. En la vista para examinar la cuestión prejudicial remitida por el juez para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra Puigdemont, el letrado remarcó que sufren una “persecución infame” por motivos políticos. “Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí”, zanjó ante los jueces europeos.

Boye expuso que sus defendidos se han enfrentado a tres peticiones de entrega por los mismos hechos. “Llarena ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos. Esto suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación”, ilustró, lo que cataloga como una actuación “desproporcionada”, como en el caso del exconseller Lluís Puig, que se puede enfrentar a una cuarta petición de entrega. Al respecto de las opiniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), referidas a los ya condenados Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que hablan de una posible vulneración de la presunción de inocencia, la defensa sostuvo que esta vulneración se tiene en cuenta siempre que haya “motivos serios y acreditados” y que lo que debe tenerse en cuenta no es la existencia de deficiencias sistemáticas y generalizadas sino el riesgo serio de que pueda haberlas. Por su parte, el abogado de la dirigente de ERC Marta Rovira, Andreu van den Eynde, evocó la sentencia del TJUE sobre la condición de eurodiputado de Junqueras para asegurar que el Supremo “desoyó” dicha sentencia, no le dio efecto, y se aparta de resoluciones europeas.

En este escenario, Boye remató: “Ya esta bien de esta persecución por convocar un referéndum, algo que fue despenalizado en España en 2005. Esta persecución, absolutamente infame, por motivos políticos, tiene que acabar. No creo que emitir una orden de detención europea tras otra, por los mismos hechos, contra las mismas personas sea compatible (...) con la carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

Pero la Fiscalía española sigue en sus trece avalando al Supremo como competente para emitir las euroórdenes. A su entender, la Justicia belga no puede cuestionar la competencia del TS para emitir las euroórdenes. “Es ilógico y absurdo que el país de ejecución controle la aplicación procesal de las normas de competencia del país emisor”, valoró el fiscal Fidel Ángel Cadena Serrano durante su intervención ante la Gran Sala del TJUE, compuesta por 15 jueces. “Cuando el Tribunal Constitucional ha destacado respecto” a los nueve políticos condenados en 2017 “que ninguna vulneración de derechos fundamentales ha existido (...) evidentemente se desmantelan por completo los argumentos de ese grupo de trabajo (de la ONU)”, aseguró el fiscal. En la misma línea se expresó la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, para quien el informe del Grupo de Trabajo de la ONU muestra solo “opiniones y no dictámenes, no son objetivos”.

La sentencia del TJUE tendrá un impacto directo sobre el futuro judicial de Puigdemont, cuya euroorden analizan los mismos jueces que estudiaron el caso de Puig. El abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, emitirá el próximo 14 de julio un dictamen no vinculante pero que en la mayoría de casos sirve de orientación para el fallo final. La Comisión Europea avala la emisión de las euroórdenes y, en general, respalda a España, al asegurar que no registra problemas sistémicos.

“Emitir una euroorden tras otra por los mismos hechos no es compatible con la carta de Derechos Fundamentales de la UE”

“Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar”

Abogado de Carles Puigdemont

“Es ilógico que el país de ejecución controle la aplicación procesal de las normas de competencia del país emisor”

“Si el TC dice que no se vulneran derechos, caen los argumentos del grupo de trabajo de la ONU”

Fiscal